En la Casa Rosada aseguran contar con los votos necesarios para sancionar el proyecto entre el 10 y el 11 de febrero y apuestan al acompañamiento de gobernadores aliados para concretar uno de los principales objetivos legislativos del presidente Javier Milei.
Tras la oficialización del llamado a sesiones extraordinarias, el Gobierno nacional expresó su optimismo respecto a la posibilidad de aprobar la Reforma Laboral, una de las iniciativas centrales de la agenda impulsada por el presidente Javier Milei. Según trascendió, la administración libertaria considera que ya cuenta con el número de voluntades necesarias para avanzar con la sanción del proyecto.
En el oficialismo anticipan que el tratamiento se realizará entre el 10 y el 11 de febrero y, en principio, descartan modificaciones sustanciales en el articulado. Sin embargo, admiten que podrían aceptar cambios siempre que no alteren el espíritu general de la iniciativa y que aporten a su implementación. La postura es sostener el núcleo del proyecto, pero sin cerrar la puerta a ajustes que surjan del debate parlamentario. Desde el entorno presidencial confían en el acompañamiento de los bloques aliados.
En ese marco, la mesa chica del Gobierno se reunió el viernes pasado para definir la estrategia política que permita asegurar las mayorías necesarias. El objetivo es coordinar el accionar de los referentes libertarios en el Congreso y profundizar el diálogo con los espacios que vienen mostrando predisposición a acompañar la iniciativa.
Por su parte, la exministra de Seguridad y actual jefa del bloque de La Libertad Avanza impulsó la conformación de una comisión de trabajo en la Cámara de Senadores, que estará a cargo de la abogada laboralista Josefina Tajes. La intención es abrir un espacio de recepción de sugerencias por parte de los sectores involucrados en la reforma, con el fin de ordenar los aportes técnicos y políticos que puedan surgir durante el debate.
En paralelo, el ministro del Interior, Diego Santilli, se encuentra recorriendo distintas provincias con la finalidad de consolidar el respaldo de los gobernadores aliados. La estrategia apunta a articular apoyos políticos en el Congreso sin recurrir a compensaciones directas para los mandatarios provinciales que manifiestan reparos, especialmente sobre el componente tributario del proyecto elaborado por el ministro de Desregulación y Transformación del Estado, Federico Sturzenegger.
Desde la Casa Rosada descartan la posibilidad de otorgar beneficios específicos a cambio de votos y sostienen que el impacto positivo de la reforma funcionará como incentivo suficiente. “La compensación va a surgir del crecimiento que va a generar, tanto en sus recursos propios como en la coparticipación”, sintetizó una fuente oficial, al explicar la lógica económica que el Ejecutivo asocia a la modernización del sistema laboral.
