A través de una resolución publicada en el Boletín Oficial, el Ministerio de Economía dispuso la valuación de las acciones de Nucleoeléctrica Argentina por un banco público y ordenó iniciar el proceso de venta del 44% del paquete accionario.
El Gobierno nacional dio un nuevo paso hacia la privatización parcial de Nucleoeléctrica Argentina S.A. (NASA), la empresa estatal que opera los reactores nucleares del país. La medida fue oficializada este jueves mediante la Resolución 1751/2025, publicada en el Boletín Oficial, que establece un plazo de 12 meses para concretar la operación.
El Ministerio de Economía, encabezado por Luis Caputo, instruyó a la Secretaría de Energía a elaborar el inventario de los bienes tangibles e intangibles de la compañía, junto con la documentación técnica, societaria y contractual necesaria para llevar adelante el proceso de venta.
La resolución también encomienda a la Unidad Ejecutora Especial Temporaria “Agencia de Transformación de Empresas Públicas” solicitar a una entidad bancaria del sector público nacional la valuación del paquete accionario de NASA, que representa el 44% de las acciones de la compañía.
La decisión se apoya en un informe del Tribunal de Tasaciones de la Nación, que indicó no contar con normas específicas para valuar activos financieros o intangibles bajo un enfoque de ingresos, limitando su capacidad a la tasación de bienes físicos. Por esa razón, la valuación será realizada por un banco estatal con competencia técnica para determinar el valor total de la empresa.
El Gobierno estableció además que la privatización parcial se concretará mediante una licitación pública nacional e internacional, y que el proceso se instrumentará a través de la plataforma CONTRAT.AR, el sistema oficial de contrataciones del Estado.
En paralelo, se delegó a la Dirección Nacional de Normalización Patrimonial, dependiente de la Secretaría Legal y Administrativa del Ministerio de Economía, la coordinación de las acciones vinculadas al Programa de Propiedad Participada de Nucleoeléctrica.
Con esta medida, el Ejecutivo busca avanzar en su plan de transformación de empresas públicas y en la reducción del control estatal directo sobre sectores estratégicos, manteniendo al mismo tiempo participación en la operación y fiscalización de la actividad nuclear.
