Mediante un decreto, la administración nacional dispuso la venta del 44 % de las acciones de NASA a privados y un 5 % para trabajadores, aunque el Estado conservará el control mayoritario. La oposición anticipó resistencia en el Congreso.
El Gobierno nacional oficializó, a través del Decreto 695/2025, el inicio del proceso de privatización parcial de Nucleoeléctrica Argentina Sociedad Anónima (NASA), la empresa estatal responsable de la generación de energía nuclear. El esquema prevé la venta de parte del capital accionario a privados, un Programa de Propiedad Participada para trabajadores y el sostenimiento del control mayoritario en manos del Estado.
Actualmente, NASA está controlada en un 79 % por el Estado nacional, un 20 % por la Comisión Nacional de Energía Atómica (CNEA) y un 1 % por Energía Argentina S.A. (ENARSA). Con el nuevo modelo:
- Se venderá el 44 % de las acciones mediante licitación pública nacional e internacional.
- Se destinará un 5 % de acciones a los trabajadores a través del Programa de Propiedad Participada.
- El Estado nacional y la CNEA retendrán el 51 %, garantizando el control.
Además, se dispuso que ENARSA transfiera su 1 % en NASA al Estado y que la propia Nucleoeléctrica ceda el 0,01 % de su participación en ENARSA.
El Ejecutivo justificó la medida señalando que la incorporación de capital privado permitirá financiar proyectos estratégicos, como la extensión de vida útil de Atucha I, prevista para 2027, y el almacenamiento en seco de combustibles de Atucha II. También busca reducir el déficit fiscal y diversificar riesgos.
En 2023, la compañía recibió transferencias de capital por 700 millones de pesos para sostener inversiones, mientras que en 2024 alcanzó un récord de generación con 10,4 millones de MWh, logrando un factor de carga del 73,3 %. El decreto reconoció estos logros, aunque remarcó la necesidad de sumar capital privado para sostener la competitividad.
El proceso será ejecutado por el Ministerio de Economía junto con la Agencia de Transformación de Empresas Públicas, bajo la Ley 23.696. La Secretaría de Trabajo deberá evaluar la factibilidad del Programa de Propiedad Participada, mientras que la Comisión Bicameral del Congreso recibirá un informe con el detalle del procedimiento.
Desde la oposición, varios bloques parlamentarios anticiparon que buscarán frenar la iniciativa en el Congreso, en defensa del carácter estatal de la empresa nuclear.
