Más de 4.400 km de rutas nacionales, incluyendo tramos en Córdoba, serán concesionados a empresas privadas. Habrá audiencias públicas del 11 al 13 de junio para debatir el nuevo sistema.
El Gobierno nacional dio un nuevo paso hacia la privatización de parte de la red vial del país, al convocar audiencias públicas como parte de la segunda etapa del proceso de concesión de más de 4.400 kilómetros de rutas nacionales. Entre los tramos incluidos se encuentran rutas claves del centro del país, que atraviesan las provincias de Buenos Aires, Santa Fe, Córdoba, San Luis y La Pampa.
Esta medida forma parte del plan denominado Red Federal de Concesiones (RFC), que busca transferir la operación y mantenimiento de rutas a empresas privadas, eliminando los subsidios estatales y reduciendo los gastos para el Tesoro Nacional. Las actuales rutas, que son gestionadas por la empresa estatal Corredores Viales S.A., pasarán a estar bajo control privado si se concreta la iniciativa.
En Córdoba, la medida afecta a las rutas nacionales 7, 8, 36 y A005. Según se informó, ya se encuentran disponibles en el sitio web de Vialidad Nacional los pliegos preliminares con los detalles del nuevo sistema de concesión.
Las audiencias públicas se realizarán del 11 al 13 de junio y estarán abiertas a la participación de personas físicas y jurídicas interesadas en aportar opiniones, propuestas o información relevante sobre el proceso. La inscripción es gratuita y se puede realizar hasta el 9 de junio en la web de Vialidad Nacional.
Las fechas y lugares de las audiencias son:
- Miércoles 11 de junio: Tramos Sur, Atlántico y Acceso Sur. En San Miguel del Monte, provincia de Buenos Aires.
- Jueves 12 de junio: Tramos Pampa, Mediterráneo y Puntano. En Junín, provincia de Buenos Aires.
- Viernes 13 de junio: Tramos Portuario Sur y Portuario Norte. En San Nicolás de los Arroyos, provincia de Buenos Aires.
Desde el Gobierno aseguraron que este nuevo esquema busca promover la competencia entre empresas, generar mayor transparencia y ofrecer mejores servicios a los usuarios. Además, aclararon que Vialidad Nacional seguirá siendo la autoridad de control, velando por el cumplimiento de los contratos y el desarrollo de una red vial moderna, segura y eficiente.
Esta etapa fue rediseñada para aumentar la participación de empresas interesadas, en función de sus capacidades y proyecciones. Con esto, se busca incentivar la inversión privada y mejorar la infraestructura sin carga para el Estado.
El debate está abierto. Las comunidades del sur cordobés, así como el resto del país, tienen la posibilidad de involucrarse en la definición del futuro de estas rutas clave para la conectividad y el desarrollo regional.
