El Gobierno nacional confirmó que apelará la decisión judicial que suspendió provisoriamente artículos clave de la reforma laboral, en un nuevo capítulo del conflicto con la Confederación General del Trabajo.
La medida fue comunicada por el Ministerio de Capital Humano, encabezado por Sandra Pettovello, luego de que la Justicia laboral hiciera lugar a una cautelar presentada por la central obrera y frenara la aplicación de 83 artículos de la Ley 27.802 de Modernización Laboral.
El fallo, dictado por el Juzgado Nacional del Trabajo N° 63, representa un revés para la administración de Javier Milei, que ahora buscará revertir la decisión en instancias superiores.
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Defensa oficial y estrategia judicial
A través de un comunicado difundido en redes sociales, el Ministerio sostuvo que defenderá la norma “sancionada por amplia mayoría del Congreso” y aseguró que agotará “todas las instancias judiciales necesarias” para garantizar su plena vigencia.
Según trascendió, la apelación contará con el patrocinio de la Procuración del Tesoro de la Nación y forma parte de una estrategia más amplia del oficialismo para sostener la reforma, considerada clave dentro de su programa económico.
Desde el entorno libertario fueron contundentes: “Vamos a ir hasta las últimas consecuencias”, señalaron fuentes cercanas al Ejecutivo, que remarcaron la legitimidad parlamentaria de la ley.
El origen del conflicto
La suspensión judicial se produjo tras una presentación de la CGT, que cuestionó la constitucionalidad de varios artículos de la reforma por considerar que afectan derechos laborales fundamentales, como la sindicalización, la negociación colectiva y el derecho a huelga.
El juez interviniente entendió que existen elementos suficientes para dictar una medida cautelar y evitar un “perjuicio inminente” a los trabajadores, al menos hasta que se resuelva la cuestión de fondo.
Un escenario abierto
Mientras la causa continúa su curso, el conflicto entre el Gobierno y el movimiento sindical suma un nuevo frente judicial. La resolución definitiva sobre la validez de la reforma laboral aún está pendiente, y se anticipa un proceso con fuerte impacto político, económico y social.
