Desde Casa Rosada cuestionan la decisión judicial y advierten por el impacto fiscal. El fallo declaró inválido un artículo clave del DNU 681/2025 y ordenó ejecutar las partidas previstas en la ley.
El Gobierno nacional confirmó que apelará el fallo judicial que ordena la aplicación de la Ley de Emergencia en Discapacidad y declaró inválido el artículo central del Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) 681/2025, firmado por el presidente Javier Milei. La presentación se realizará ante la Cámara Federal de Apelaciones de San Martín.
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Desde el oficialismo sostienen que la resolución judicial implica una “invasión de atribuciones” del Poder Judicial sobre facultades propias del Poder Ejecutivo, especialmente en lo referido a la administración del presupuesto y el equilibrio fiscal. Además, advierten sobre el “riesgo fiscal” que implicaría ejecutar las partidas que demanda la ley.
El fallo fue dictado por el juez federal de Campana Adrián González Charvay, quien hizo lugar a un amparo colectivo presentado por familiares de personas con discapacidad y organizaciones del sector. En su decisión, el magistrado ordenó la aplicación inmediata de la ley y su correspondiente ejecución presupuestaria.
González Charvay declaró inválido en todos sus aspectos el artículo 2 del DNU 681/2025, al considerar que contradice el procedimiento constitucional de promulgación de leyes establecido en el artículo 83 de la Constitución Nacional. Según el juez, el Ejecutivo “excedió de forma manifiesta sus facultades” al intentar suspender una ley aprobada por insistencia del Congreso y vigente por mandato constitucional.
Uno de los principales argumentos del Gobierno para no aplicar la norma era que la ley no establece cómo reasignar los recursos necesarios. Sin embargo, el magistrado recordó que la Jefatura de Gabinete realizó más de 19 reasignaciones presupuestarias desde diciembre de 2023 y señaló que esa misma herramienta podría utilizarse para cumplir con la ley.
Mientras se espera la resolución de la Cámara de Apelaciones, la decisión vuelve a poner en el centro del debate el alcance de los DNU, el rol del Poder Judicial y la política presupuestaria vinculada a las personas con discapacidad.
