Tras el triunfo electoral, Milei impulsa un proyecto que retoma la propuesta de la diputada Romina Diez. Se busca reducir la informalidad, modificar convenios y habilitar mayor flexibilidad en jornadas, licencias y salarios. Los gremios ya anticipan un rechazo frontal.
La contundente victoria legislativa de La Libertad Avanza volvió a poner en primer plano la modernización de la legislación laboral, una de las reformas estructurales que el presidente Javier Milei pretende encarar con prioridad. El mandatario confirmó que la meta del Gobierno es promover cambios “sin pérdida de derechos”, con el fin de estimular la inversión y reducir la informalidad, que afecta a más de ocho millones de trabajadores.
El plan oficial avanza sobre dos frentes complementarios: una reforma impositiva que reduzca alícuotas de 20 tributos y amplíe la base imponible, junto con una reforma laboral que habilite un esquema más flexible para la incorporación de nuevos trabajadores. Según Milei, la propuesta apunta a que “no tenga sentido la evasión” y que los recursos se vuelquen al sector productivo.
El proyecto elegido como plataforma legislativa es la “Ley de promoción de inversiones y empleo”, presentada a fines de 2024 por la diputada libertaria Romina Diez, integrante del círculo político de Karina Milei. Esta iniciativa reemplaza a la versión original incluida en la Ley Bases, que perdió gran parte de sus artículos durante la negociación parlamentaria.
El texto propone incentivos fiscales para pequeñas y medianas empresas, así como cambios operativos en el régimen de vacaciones, bancos de horas, licencias por enfermedad y esquemas de contratación. También habilita convenios colectivos con mayor flexibilidad y negociaciones salariales por empresa, orientadas a la productividad.
Entre los artículos más cuestionados se encuentran la extensión de la jornada laboral de ocho a doce horas, la posibilidad de pagar parte del salario con vales o tickets y el fraccionamiento de indemnizaciones y multas en hasta doce cuotas. Estos puntos reproducen fragmentos del DNU 70/23 que permanecen judicializados.
La reforma también prevé una revisión amplia de los convenios colectivos de trabajo, con foco en la ultraactividad y los aportes obligatorios. El secretario de Trabajo, Julio Cordero, quien participó en la redacción del DNU antes de asumir su cargo, sostiene que el paradigma laboral debe avanzar hacia “negociaciones dinámicas” que vinculen remuneraciones con productividad.
El movimiento sindical ya expresó su rechazo. La CGT calificó la propuesta como una reinstalación del decreto 70/23 y ratificó su postura “categórica” contra cambios que considere regresivos. Para los gremios, la intención de flexibilizar condiciones laborales constituye una amenaza directa al sistema de derechos adquiridos.
Desde la Casa Rosada aseguran que los cambios se discutirán con el sector empresario y sindical en el marco del Consejo de Mayo, aunque reconocen que la negociación con el Congreso será determinante. El Gobierno insiste en que la reforma permitirá ampliar la base de aportantes previsionales, dar mayor dinamismo al empleo y poner fin a un modelo laboral que, según Milei, “destruyó la cultura del esfuerzo y del mérito”.
Con impulso político reforzado y un bloque oficialista en crecimiento, la Casa Rosada se prepara para dar una de las discusiones más sensibles del nuevo período legislativo, con un mercado que espera definiciones y una dirigencia sindical en estado de alerta.
