Según el último informe del Índice FADA, los impuestos representan más de la mitad de lo que le queda al productor tras cubrir los costos. El caso del trigo es el más preocupante, con un 78% de carga impositiva.
Un nuevo informe de la Fundación Agropecuaria para el Desarrollo de Argentina (FADA) revela que, después de pagar todos los costos de producción, el 63,6% de lo que queda en el agro se va en impuestos. Esto significa que, por cada 100 pesos que quedan tras cosechar y vender, casi 64 terminan en manos del Estado.
El análisis, correspondiente al segundo trimestre de 2025, muestra un incremento del peso impositivo respecto a marzo, a pesar de la baja temporal de los Derechos de Exportación (DEX). La razón: una fuerte caída en los precios internacionales de los granos, que redujo la renta del productor, sin que eso implique pagar menos impuestos.
“Los productores siguen pagando los mismos tributos, pero venden a menor precio, por lo que el peso del Estado es mayor”, explicó Nicolle Pisani Claro, economista jefe de FADA.
El caso del trigo es el más crítico. A punto de comenzar una nueva campaña, el índice impositivo para este cultivo trepa al 78,2%. En comparación con el promedio de los últimos cinco años, el precio del trigo cayó un 20%, y si se compara con hace un año, la caída llega al 28,2%. Hoy el valor ronda los 200 dólares por tonelada, cuando se necesitaría un precio de al menos 220 para equilibrar los números.
En otros cultivos, el impacto también es fuerte: la carga impositiva alcanza el 65,9% en la soja, 53,4% en el maíz y 63,2% en el girasol. Sin embargo, estos valores podrían incrementarse si se confirma el fin de la reducción temporal de DEX para todos, salvo el trigo.
El informe también detalla cómo se distribuyen los impuestos que paga una hectárea agrícola: el 63,8% son impuestos nacionales no coparticipables (es decir, no vuelven a las provincias), el 28,4% son nacionales coparticipables, el 6,8% provinciales y el 1% municipales.
A nivel provincial, hay importantes diferencias: Córdoba muestra un índice del 64%, Buenos Aires 59,7%, Santa Fe 58,6%, La Pampa 62%, Entre Ríos 69,1% y San Luis 61,1%. Las diferencias responden a distintas estructuras de costos, rendimientos e impuestos locales. Por ejemplo, mientras que Córdoba y Santa Fe eximen de Ingresos Brutos al agro, provincias como Buenos Aires y La Pampa sí los aplican. Además, hay casos como San Luis y La Pampa que cobran tasas similares a una aduana interna.
“El análisis de cada provincia demuestra que las condiciones productivas y fiscales son muy distintas, y eso influye directamente en la rentabilidad del campo”, concluyó Pisani Claro.
