Amnistía Internacional alertó sobre un aumento de la represión estatal, detenciones arbitrarias y ataques a la prensa, y reclamó la inconstitucionalidad de la normativa impulsada por el Ministerio de Seguridad.
Al cumplirse dos años de la puesta en vigencia del Protocolo Antipiquetes, organizaciones de derechos humanos denunciaron un deterioro del derecho a la protesta en la Argentina. Según un informe de Amnistía Internacional, entre 2024 y 2025 se registraron más de 2.500 personas heridas durante manifestaciones, además de un fuerte incremento de detenciones y hechos de violencia contra trabajadores de prensa.
La normativa, aprobada mediante la Resolución 943/2023 y denominada oficialmente “Protocolo para el mantenimiento del orden público ante el corte de vías de circulación”, fue impulsada por el Ministerio de Seguridad de la Nación. El protocolo considera delito toda manifestación que afecte la circulación y habilita desalojos y detenciones sin orden judicial, lo que, según Amnistía Internacional, contradice estándares internacionales sobre el uso de la fuerza y el derecho a la reunión pacífica.
“La escalada represiva es innegable y muestra un grave retroceso en la libertad de expresión. La violencia estatal no solo aumentó, sino que se naturaliza como una forma de desalentar la participación social”, sostuvo Paola García Rey, directora adjunta de Amnistía Internacional Argentina.
De acuerdo con registros de organismos de derechos humanos, en el período 2024-2025 se contabilizaron al menos 2.557 personas heridas por el uso considerado ilegítimo o desproporcionado de la fuerza. Entre los hechos denunciados figuran impactos de balas de goma en cabeza y rostro, uso de gases lacrimógenos y gas pimienta, golpes con bastones y otras formas de violencia física.
Los datos también muestran un aumento de las detenciones. En 2025, la Comisión Provincial por la Memoria registró 1.341 personas heridas y 165 detenidas. En todo 2024, las cifras habían sido de 1.216 heridos y 93 detenciones, lo que representa un incremento del 77% en los arrestos, muchos de ellos calificados como arbitrarios.
Entre los casos más graves se reportaron cuatro pérdidas oculares permanentes por disparos de balas de goma. El 12 de marzo de 2025, Jonathan Navarro perdió la visión de un ojo durante una marcha de apoyo a jubilados, tras recibir un disparo de un agente de la Prefectura Naval. En noviembre del mismo año, Rodrigo Troncoso, de 24 años, denunció una lesión similar en una protesta cerca del Congreso Nacional.
La represión también alcanzó a la prensa. Al menos 184 trabajadoras y trabajadores de medios resultaron heridos mientras cubrían manifestaciones, y varios fueron detenidos. Amnistía Internacional advirtió que estos hechos buscan generar un efecto de intimidación y desalentar la cobertura periodística de la protesta social.
Uno de los casos más resonantes es el del fotógrafo Pablo Grillo, quien el 12 de marzo de 2025 sufrió una fractura expuesta de cráneo al ser impactado por un cartucho de gas lacrimógeno durante una movilización. La Justicia identificó y procesó al gendarme que efectuó el disparo, a partir de material aportado por el Mapa de la Policía.
Ante este escenario, Amnistía Internacional y otras organizaciones impulsan una acción de amparo para que se declare la inconstitucionalidad del Protocolo Antipiquetes. Según señalaron, el Poder Judicial debe garantizar el cumplimiento de la Constitución Nacional y de los tratados internacionales de derechos humanos suscriptos por la Argentina.
