El Gobierno nacional busca frenar el avance de la oposición en la Cámara de Diputados para derogar el DNU 70/23, el decreto de desregulación económica impulsado por el presidente Javier Milei. La disputa se reactivó después de que la Corte Suprema de Justicia revocara el fallo que había declarado inconstitucional la derogación de la Ley de Tierras Rurales.
El oficialismo analiza alternativas legislativas para proteger la vigencia del decreto, mientras distintos bloques opositores impulsan una sesión especial para el jueves 15 de octubre.
La estrategia se desarrolla en un escenario de tensión parlamentaria, con la discusión sobre la propiedad de las tierras rurales en el centro del debate. La oposición busca avanzar contra el decreto, mientras el oficialismo intenta evitar que una eventual votación ponga en riesgo el conjunto de las reformas incluidas en la norma.
La estrategia del oficialismo
Entre las alternativas que se analizaron figura la posibilidad de incorporar disposiciones vinculadas con el DNU 70/23 en la Ley de Inviolabilidad de la Propiedad Privada, un proyecto que obtuvo media sanción en el Senado.
Sin embargo, la iniciativa había atravesado una discusión conflictiva en la Cámara alta. La propuesta de flexibilizar las restricciones a la compra de tierras rurales por parte de extranjeros no consiguió el respaldo necesario para avanzar en esos términos.
De acuerdo con la información publicada por NA, el oficialismo busca alternativas para sostener el esquema de desregulación. No obstante, la incorporación de esas disposiciones en otro proyecto debe distinguirse de una decisión legislativa ya aprobada: los pasos concretos de esa estrategia deberán confirmarse durante el tratamiento parlamentario.
Qué resolvió la Corte Suprema
El conflicto se profundizó luego de que la Corte Suprema revocara, el 29 de septiembre, una sentencia que había declarado inconstitucional el artículo 154 del DNU 70/23, mediante el cual se derogó la Ley de Tierras Rurales.
El máximo tribunal rechazó la demanda presentada por el Centro de Ex Combatientes Islas Malvinas La Plata (CECIM) al considerar que la organización no tenía legitimación para promover ese reclamo judicial.
La resolución no implicó un pronunciamiento definitivo sobre la constitucionalidad del artículo cuestionado. La Corte fundamentó su decisión en una cuestión procesal: la falta de legitimación de la entidad demandante.
En paralelo, el máximo tribunal convocó a dos conjueces para intervenir en otra causa vinculada con la derogación de la Ley de Tierras. El expediente se originó en una presentación de la Asociación Civil Árbol de Pie y plantea cuestionamientos relacionados con la protección ambiental.
La existencia de ese proceso significa que la discusión judicial sobre la normativa continúa abierta en otro expediente, independientemente de lo resuelto en el caso del CECIM.
La oposición prepara una sesión para el 15 de octubre
Distintos bloques opositores solicitaron una sesión especial en la Cámara de Diputados para el próximo jueves 15 de octubre. El temario propuesto incluye el rechazo del DNU 70/23, iniciativas vinculadas con la discapacidad y un proyecto de alivio frente al endeudamiento de las familias.
La convocatoria reúne a legisladores de Unión por la Patria, Encuentro Federal, Provincias Unidas, la Coalición Cívica y el Frente de Izquierda, entre otros espacios.
Para abrir la sesión, los impulsores deberán reunir el quórum de 129 diputados. Después, necesitarán construir una mayoría para avanzar con el rechazo del decreto, en el marco del procedimiento establecido para el tratamiento legislativo de los DNU.
El resultado dependerá de la asistencia al recinto y de los acuerdos que logren los distintos bloques. Por eso, la convocatoria se convirtió en un punto central de la disputa entre el oficialismo y la oposición.
El alcance de una eventual derogación
El DNU 70/23 contiene un amplio conjunto de reformas económicas y regulatorias, por lo que su eventual rechazo en Diputados tendría implicancias que exceden la Ley de Tierras.
El decreto ya había sido rechazado por el Senado en marzo de 2024. De acuerdo con la Ley 26.122, que regula el trámite legislativo de los decretos de necesidad y urgencia, el rechazo de ambas cámaras implica su derogación.
Uno de los puntos en discusión es qué ocurriría con las normas que fueron derogadas o modificadas por el decreto si este quedara sin efecto. La posible recuperación de la vigencia de esas disposiciones es objeto de distintas interpretaciones jurídicas y no debe presentarse como una consecuencia automática sin analizar cada caso.
La sesión prevista para el 15 de octubre será clave para determinar si la oposición consigue avanzar con su iniciativa y si el Gobierno logra sostener el decreto que constituye una de las principales herramientas de su programa de desregulación.