El Gobierno nacional dispuso un aumento del 2,90% en los aranceles del sistema de prestaciones para personas con discapacidad, una actualización que fue cuestionada por organizaciones del sector por considerarla insuficiente frente al contexto inflacionario.
La medida fue oficializada este lunes a través de la Resolución 13/2026 del Ministerio de Salud y la Secretaría Nacional de Discapacidad, publicada en el Boletín Oficial, y se aplica sobre los valores vigentes de febrero, que ya habían registrado una suba del 5,78%.
El ajuste alcanza al Sistema de Prestaciones de Atención Integral a favor de las Personas con Discapacidad y se implementa de manera uniforme, sin diferenciar entre tipos de servicios o prestaciones.
Además, se mantiene el adicional del 20% por zona desfavorable para quienes brindan servicios en la región patagónica, un beneficio ya contemplado en el esquema vigente.
Desde el Foro Permanente Discapacidad cuestionaron la medida y advirtieron que se trata de “aumentos que no alcanzan” para sostener el funcionamiento del sistema.
Según señalaron, la actualización se calcula en base a la variación del Índice de Precios al Consumidor (IPC) de febrero, pero no logra compensar el incremento de costos que enfrentan los prestadores.
Marco normativo en debate y tensión
La resolución también actualiza el nomenclador de prestaciones básicas, instrumento que regula los pagos dentro del sistema integral. Esta actualización se enmarca en lo establecido por la Ley N° 27.793, normativa que el gobierno de Javier Milei busca modificar.
El anuncio se da en un escenario de creciente preocupación en el sector de discapacidad, donde prestadores, familias y organizaciones vienen alertando por retrasos en los aranceles y dificultades para garantizar la continuidad de los servicios.
En ese marco, el nuevo aumento vuelve a poner en agenda el debate sobre el financiamiento del sistema y la necesidad de actualizaciones que acompañen el costo real de las prestaciones.
