Desde el Colegio de Psicopegagogos advirtieron sobre los alcances de una medida evaluada por el Gobierno y que desregularía el nomenclador nacional para prestadores en servicios de discapacidad.
Diferentes sectores vinculados al trabajo con personas de discapacidad se expresan en alerta por la difusión de un decreto nacional que pretende eliminar la adhesión al nomenclador de las obras sociales. El proyecto de decreto fue firmado la semana pasada por el titular de la Agencia Nacional de Discapacidad y rompe con un sistema de 25 años que equipara los aranceles de las prestaciones para las distintas obras sociales.
En diálogo con el programa NADA FAKE, la Lic. Noelia Davicino, Secretaria de la Comision Directiva de la Regional Rio Cuarto del Colegio Profesional de Psicopedagogos de la Pcia de Cordoba, reveló que los colegios profesionales y agrupaciones de prestadores en materia discapacidad se reunieron el lunes para discutir la problemática y comenzar con la elaboración de un comunicado conjunto para oponerse a la medida.
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Sobre los efectos de esta medida, la profesional relató: “Los prestadores se van a ver obligados a trabajar con determinadas obras sociales y dejar aquellas que no tengan un arancel conveniente. Hay un riesgo para los prestadores, pero lo más preocupante es que se van a vulnerar los derechos de las personas con discapacidad”.
Por otro lado, Davicino señaló que ya hay desigualdad en la prestación con los aranceles y advirtió que esto se va a profundizar si se desregula el nomenclador.
“Para un niño en desarrollo, los equipos terapéuticos están atravesados por múltiples prestaciones, desde rehabilitación al transporte. Todos estos aspectos de la vida se verán afectados si se avanza con esta decisión y hasta se plantea la posibilidad de interrupción de los tratamientos”, lanzó. Asimismo, explicó que, si una persona no puede asistir a sus terapias o recibir acompañamiento, “el daño es inmediato”.
Sobre los argumentos detrás de la medida que busca implementar el Gobierno Nacional, la representante del Colegio de Psicopedagogos expresó: “Lo que se discute a nivel nacional es que las únicas personas que podrían verse favorecidas son las obras sociales o las empresas de medicina prepaga que consideran la medicina como un costo económico a reducir. Con esto, las decisiones estarían del lado de la obra social, no solo qué paga, sino cuánto paga y cómo paga”.
Davicino destacó el nivel normativo en materia discapacidad del país, pero se lamentó que desde los inicios de la regulación hay un gran nivel de incumplimiento. “Los logros conquistados a lo largo de estos años ha sido por la lucha de las personas con discapacidad, sus familias y los profesionales. Da la sensación de que ahora se está intentando volver para atrás todo lo avanzado”, dijo sobre el decreto nacional que todavía no ha entrado en vigencia.
