Llaryora, Quinteros, Estévez, Carro y Ferrer expresaron su solidaridad con el senador tras un mensaje del tuitero oficialista que aludió a su vida privada para cuestionar su apoyo a la Ley de Emergencia en Discapacidad.
El senador nacional Luis Juez recibió muestras de apoyo de referentes políticos de distintos espacios en Córdoba, luego de que el tuitero oficialista Daniel Parisini, conocido como el “Gordo Dan”, publicara un mensaje en redes sociales en el que aludió a su vida privada para cuestionar su voto a favor de la Ley de Emergencia en Discapacidad.
El ministro de Seguridad de la provincia, Juan Pablo Quinteros, expresó que los agravios contra Juez y su familia eran “viles e inadmisibles”. “Quien apela a la vida privada, a la mentira o la difamación constante para atacar a un adversario, desnuda su miseria y su falta de ideas”, señaló.
El gobernador Martín Llaryora compartió las declaraciones de Quinteros y manifestó su solidaridad: “Coincido y comparto las apreciaciones del ministro respecto a la situación que está atravesando el senador Juez y su familia”.
Desde Unión por la Patria, la diputada Gabriela Estévez calificó el ataque como “despreciable” y advirtió que expuso y violentó a la hija del senador. En la misma línea, el diputado Pablo Carro reclamó discutir con argumentos y no con “bajezas personales”, subrayando que lo que está en juego “es el derecho de las familias y las personas con discapacidad a no ser la variable de ajuste”.
Por su parte, el intendente de Río Tercero y presidente de la UCR Córdoba, Marcos Ferrer, cuestionó la falta de pluralidad en el oficialismo nacional: “Se instala la idea de que para ayudar al Presidente hay que someterse. El que no se alinea de manera acrítica, es atacado o ridiculizado”.
Finalmente, Martín Juez, hijo del senador y concejal en la ciudad de Córdoba, recordó que el Frente Cívico acompañó leyes para facilitar la gobernabilidad de Javier Milei “sin pedir nada a cambio”. Y advirtió: “Si así tratan a quienes deciden acompañar, no me quiero imaginar al resto. En política como en la vida no vale todo”.
El episodio abrió un amplio repudio transversal en la dirigencia cordobesa, que coincidió en señalar que el debate político no puede darse a costa de la vida privada ni de los derechos de las personas con discapacidad.
