Juan Brügge y Carlos Gutiérrez adelantaron que votarán en contra del proyecto impulsado por el Gobierno nacional, que busca modificar la normativa vigente sobre protección de glaciares.
En medio del avance del oficialismo para tratar la reforma de la Ley de Glaciares en la Cámara de Diputados, legisladores del peronismo cordobés manifestaron su rechazo a la iniciativa y anticiparon que no acompañarán el proyecto en el recinto.
El tratamiento de la propuesta está previsto para esta semana y ya cuenta con media sanción, lo que abre la posibilidad de su aprobación definitiva si el oficialismo logra reunir los votos necesarios.
En representación de la provincia de Córdoba, los diputados Carlos Gutiérrez y Juan Brügge confirmaron su postura en contra de la reforma, marcando una diferencia dentro del esquema político alineado con el peronismo provincial.
Gutiérrez expresó su posición a través de redes sociales, donde cuestionó tanto el contenido del proyecto como la velocidad de su tratamiento. “No votaré la Ley de Glaciares”, afirmó, y advirtió sobre los riesgos de avanzar sin estudios ambientales sólidos.
El legislador planteó que el debate no debe plantearse como una disyuntiva entre producción y cuidado ambiental: “La Constitución no obliga a elegir entre producir y preservar, sino que exige garantizar la conservación del ambiente para las próximas generaciones”. En ese sentido, remarcó la relevancia del recurso hídrico al señalar que “con el agua no se juega”.
Además, sostuvo que un tratamiento apresurado podría derivar en conflictos judiciales, al considerar que la discusión requiere mayor profundidad técnica e institucional.
Por su parte, Brügge manifestó reparos respecto a algunos puntos del proyecto, en particular sobre la posibilidad de que las provincias tengan mayor injerencia en decisiones vinculadas a glaciares y áreas periglaciares.
En declaraciones periodísticas, el diputado advirtió que se trata de recursos con impacto interjurisdiccional, por lo que consideró necesario un enfoque más amplio. También puso en duda las consecuencias ambientales de una eventual flexibilización de la normativa vigente.
La discusión por la reforma de la Ley de Glaciares se da en un contexto de tensión entre la necesidad de atraer inversiones productivas y la protección de recursos naturales estratégicos.
Mientras el oficialismo busca avanzar con la aprobación del proyecto, sectores de la oposición y representantes de distintas provincias plantean objeciones vinculadas al impacto ambiental y a la forma en que se está desarrollando el proceso legislativo.
El resultado del debate en el Congreso definirá el futuro de una normativa clave en materia de protección ambiental, con implicancias directas sobre el uso de recursos hídricos y el desarrollo de actividades productivas en distintas regiones del país.
