La Cámara de Diputados avanzó este martes con el proyecto que busca incorporar la figura del “vandalismo rural” al Código Penal, a través de un dictamen de mayoría aprobado en un plenario de las comisiones de Agricultura y Ganadería y Legislación Penal. La diputada Myriam Bregman, del Frente de Izquierda, cuestionó el alcance de la iniciativa y sostuvo que el proyecto estaría vinculado con la protección de grandes propietarios y con la legislación sobre tierras.
La iniciativa, impulsada por el diputado del PRO Martín Ardohain, propone establecer penas de prisión de hasta ocho años para quienes provoquen daños sobre bienes vinculados directamente con la producción agropecuaria. El texto también contempla una pena de entre un mes y un año para quienes ingresen sin autorización a establecimientos rurales.
El dictamen de mayoría reunió 41 votos sobre 66 legisladores presentes, según informó la presidenta de la Comisión de Legislación Penal, Laura Rodríguez Machado. Con este resultado, el proyecto quedó en condiciones de ser llevado al recinto para su tratamiento.
Qué propone el proyecto sobre el vandalismo rural
La propuesta de Martín Ardohain incorpora el artículo 150 bis al Código Penal. Establece una pena de prisión de un mes a un año para quien ingrese a un establecimiento rural, terreno o sus dependencias contra la voluntad expresa o presunta de quien tenga derecho a excluirlo.
El proyecto considera que esa voluntad de exclusión puede presumirse cuando existen cerramientos, vallas, muros, alambrados o señales que indiquen la prohibición de ingreso. También contempla excepciones para situaciones de necesidad justificada, auxilio o cuando no pueda distinguirse claramente el límite con la vía pública.
El segundo punto central es la incorporación del artículo 184 bis, que establece penas de dos a ocho años de prisión, además de multas de entre tres y doce veces el valor del daño, para quienes destruyan, inutilicen o dañen elementos que afecten directamente el ciclo productivo, el stock de materias primas o la infraestructura de un establecimiento agropecuario.
Entre los bienes contemplados aparecen cereales u oleaginosas sin cosechar, silobolsas, ganado, leña y otros elementos vinculados con la actividad productiva. La propuesta también alcanza infraestructura relacionada con la provisión de energía y la extracción de agua.
El debate entre los bloques
Durante el tratamiento, Ardohain defendió la necesidad de modificar el Código Penal para contemplar las particularidades de los establecimientos agropecuarios. El legislador sostuvo que la legislación actual no brinda una respuesta específica frente a determinadas situaciones de ingreso y daños en establecimientos rurales.
El diputado de Unión por la Patria Ramiro Gutiérrez, en cambio, rechazó el proyecto. Consideró que la iniciativa puede generar una duplicación de figuras que ya están contempladas en el Código Penal y cuestionó sus consecuencias sobre las penas vinculadas con delitos que afectan a la producción.
Desde Provincias Unidas, el diputado cordobés Carlos Gutiérrez respaldó el avance del proyecto y destacó la incorporación de figuras específicas para el ámbito rural. Según planteó, los artículos 150 bis y 184 bis permitirían precisar conductas que actualmente no estarían tipificadas de manera específica en el Código Penal.
La discusión también tuvo críticas desde la izquierda. La diputada Myriam Bregman, del Frente de Izquierda, cuestionó el alcance de la iniciativa y sostuvo que el proyecto estaría vinculado con la protección de grandes propietarios y con la legislación sobre tierras. Esa interpretación corresponde a la posición expresada por la legisladora durante el debate.
El proyecto todavía debe pasar por el recinto
El dictamen aprobado en comisión no convierte la iniciativa en ley. El próximo paso será su eventual tratamiento en el recinto de la Cámara de Diputados. Para convertirse en ley, el proyecto deberá obtener la aprobación correspondiente en ambas cámaras del Congreso.
El debate parlamentario se da luego de que representantes de distintas entidades agropecuarias expusieran ante las comisiones y respaldaran la necesidad de contar con herramientas específicas frente a daños que afectan al ciclo productivo.
La discusión sobre el denominado vandalismo rural no es nueva. En años anteriores fueron presentadas distintas iniciativas para incorporar agravantes o figuras específicas relacionadas con daños sobre establecimientos y bienes de producción agropecuaria. Un proyecto presentado en 2020, por ejemplo, había planteado incorporar una figura específica vinculada con estos hechos, aunque no llegó a obtener dictamen.
El texto que ahora obtuvo dictamen de mayoría busca establecer una diferenciación entre el ingreso no autorizado a un establecimiento rural y los daños que afectan directamente la producción. Si finalmente avanza en Diputados, la discusión continuará en el recinto y, posteriormente, deberá atravesar el Senado antes de una eventual sanción definitiva.