Dos profesionales de apoyo del CONICET que desempeñan sus actividades en el ámbito de la UNRC fueron detenidos por la Policía Federal, tras una denuncia sobre el uso personal de recursos de un laboratorio de la Facultad de Ciencias Exactas.
Esta mañana, el decano de la Facultad de Ciencias Exactas, Dr. Germán Barros, confirmó a Radio Universidad que dos técnicos profesionales vinculados al Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas (CONICET) fueron detenidos como parte de una investigación federal sobre el supuesto uso indebido de equipamiento de laboratorio. La denuncia inicial, presentada en 2024 por una docente del departamento de Ciencias Naturales, dio inicio a un proceso de indagación que culminó con la intervención de la justicia.
Germán Barros, decano de la Facultad de Ciencias Exactas, se pronunció sobre el incidente y aclaró que las detenciones son resultado de un procedimiento investigativo que cuenta con la plena colaboración de la universidad. Según Barros, la situación se había iniciado cuando una docente del departamento reportó presuntas irregularidades relacionadas con la expectación de un servicio dentro de las instalaciones del laboratorio.
«A nosotros nos llegó esta denuncia cuando asumimos el cargo el año pasado», precisó. El proceso investigativo se estructuró en varias vías, incluyendo la denuncia original y las pruebas adicionales presentadas tanto ante la justicia federal como a nivel interno en la UNRC y el CONICET.
La secuencia de eventos llevó a que, el pasado viernes, un equipo judicial realizara una investigación exhaustiva sobre documentos y archivos en los laboratorios involucrados. El desarrollo de esta investigación continuó el lunes, cuando se llevó a cabo un allanamiento que resultó en la incautación de equipos, incluyendo computadoras y teléfonos celulares. Esta acción concluyó con la detención de los dos profesionales, quienes desempeñaban roles de personal de apoyo en el CONICET en instalaciones del campus universitario local. Barros subrayó que la universidad está colaborando activamente con la justicia en este asunto.
Las implicaciones de esta denuncia han abierto un debate más amplio sobre la transparencia y el control en los convenios entre la universidad y terceros para la prestación de servicios. En este contexto, el decano enfatizó que la actividad universitaria implica no solo la formación académica sino también la prestación de servicios que pueden ser considerados como un tipo de extensión.
«Normalmente, se realizan convenios con diferentes actores para ofrecer servicios adicionales. Actualmente, dada la situación presupuestaria de la universidad, estas actividades se vuelven cruciales para generar recursos que sirvan al funcionamiento de la facultad», explicó Barros. Sin embargo, la situación actual ha generado cuestionamientos sobre si existen controles suficientes para evitar el mal uso de esos recursos.
La investigación interna de la UNRC se ha centrado no solo en el caso específico de las detenciones, sino que también se examinarán los procedimientos establecidos para la gestión de equipamientos y recursos compartidos. La denuncia original se encuentra bajo un análisis minucioso, con la idea de identificar posibles debilidades en la supervisión de los recursos de la universidad.
«A veces, la confianza en la gestión de recursos puede llevar a situaciones en las que se malinterprete o se utilicen de forma inapropiada. Este es un momento para reflexionar y fortalecer nuestros procedimientos internos”, comentó Barros en declaraciones a Radio UNRC.
Desde la presentación de la denuncia, la comunidad académica ha estado atenta a cada avance de la investigación, mientras tanto, el decano Barros reafirmó su compromiso de seguir trabajando para garantizar que la universidad siga siendo un espacio de integridad y profesionalismo. La UNRC, que ha enfrentado diversos desafíos en su historia, ahora se enfrenta a la necesidad de realizar una revisión profunda de sus procesos internos para evitar incidentes similares en el futuro.
A medida que se desarrollan los acontecimientos, todos los ojos están puestos en la justicia federal, que deberá determinar la veracidad de las acusaciones y las consecuencias que esto tendrá tanto para los involucrados.
