En un contexto de ajuste brutal, blanqueo fiscal exprés y ofensiva contra la industria fueguina, crecen las tensiones sociales y políticas en una Argentina marcada por la concentración del poder económico y la pérdida de derechos.
OPINIÓN
JUAN CARLOS JUNIO
DIRIGENTE COOPERATIVISTA
Luego de la elección porteña, el Gobierno nacional decidió avanzar en una serie de medidas sin reparar en legalidades democráticas ni en valores y derechos sociales, profundizando su modelo de país, haciéndose eco de las demandas de las grandes corporaciones empresarias, tanto locales como extranjeras.
De allí que el ministro de Economía, Luis Caputo, decidiera inventar un nuevo perdón fiscal bajo el eufemismo de «Reparación histórica del ahorro argentino», utilizando también un lenguaje vulgar para explicar que se trata de «sacar la plata de los colchones». Aquí resulta imprescindible puntualizar que este nuevo intento de blanqueo ocurre a menos de seis meses del anterior, por el cual ingresaron al sistema 22.000 millones de dólares. Dado que no fue suficiente, el Gobierno apeló al presidente estadounidense Donald Trump para que se otorgue un nuevo crédito del FMI, con el objetivo de sostener las reservas que no cesan de caer.
Mientras tanto, continúa sosteniendo el denominado «carry trade» con el que siguen obteniendo ganancias en dólares los especuladores de siempre, a la vez que se lleva a cabo el «ajuste más grande del mundo», que recae sobre la gran mayoría de la sociedad argentina, particularmente los trabajadores y las clases medias.
En buen romance, el plan colchón no es otra cosa que la continuidad de la pulsión por juntar dólares con la salvedad de que ya no importa si provienen de evasión o hechos ilegales.
Otro tema crucial del momento es la caída indetenible del consumo. Ante este fenómeno, y de acuerdo a su ideología, el Gobierno se inclina por legalizar fondos producto de la evasión. Lo notable es que no se piensa que el incremento del consumo se puede resolver aumentando salarios y jubilaciones para que los trabajadores activos y pasivos y las clases medias consuman más y vivan mejor.
El «industricidio»
En estos días se produjo otra situación importante desde el punto de vista social. El Gobierno y sus aliados, tras una fuerte disputa en la campaña porteña para dirimir la hegemonía del sector, se unieron para evitar que se trate un conjunto de proyectos, a iniciativa de la oposición, que favorecían a las universidades, proponían mejorar moderadamente los ingresos de los jubilados, con un modesto aumento del 7,2% que fuera recortado en enero del año pasado, llevar el bono extra hasta hoy congelado en 70.000 pesos a 115.000 pesos, y la restitución por dos años de la moratoria previsional con el fin social de que trabajadoras y trabajadores puedan acceder al derecho a la jubilación.
Otro acontecimiento económico y político trascendente de los últimos días fue la situación desatada por el «industricidio» lanzado contra el sistema productivo de Tierra del Fuego y su consecuente peligro de pérdida de la fuente de trabajo para 12.000 trabajadores. Ante esta situación, se generó una reacción histórica del pueblo fueguino, que salió masivamente a la calle en una impactante manifestación que acompañó la huelga de los trabajadores. La iniciativa gubernamental, que deviene de una visión ideológica fundamentalista de apertura indiscriminada de las importaciones, en este caso dirigida a la importación de teléfonos móviles, está generando en el aparato productivo nacional y muy particularmente en el tejido industrial pyme una importante mutilación.
Ante este cuadro social tan complejo, hubo otro hecho notorio y contrastante: la emergencia de la AmCham (Cámara de Comercio de Estados Unidos en la Argentina) exigiendo al Gobierno, desde una postura claramente política, que La Libertad Avanza debe unirse con el PRO a los efectos de derrotar al peronismo/kirchnerismo. Por otro lado, también reclama las reformas estructurales a las que denomina verdaderas, señalando que están «demoradas». Se trata de las mentadas reformas laboral, tributaria y previsional.
En el evento organizado por la AmCham, la encargada de negocios de la Embajada de EE.UU., Abigail Dressel, expresó su apoyo irrestricto al Gobierno de Milei, hizo referencia a las «oportunidades impresionantes en la industria del petróleo y el gas» y también instó a que Argentina aporte sus recursos para cumplir con la orden ejecutiva de Donald Trump, en el sentido de que «se incentiven los suministros seguros en la cadena de litio, cobre y tierras raras». En suma, va quedando cada vez más claro que el poder económico local e internacional está decidido a darle sustento político al actual Gobierno.
A todo esto, en otro registro de la realidad que el que viven los grandes empresarios, el arzobispo de Buenos Aires, Jorge García Cuerva, en su homilía del 25 de mayo, lanzó un durísimo mensaje sobre la crisis social. Hizo mención a que la ciudadanía pierde las ganas de participar por las promesas incumplidas, reclamó por la marginalidad y la exclusión, las personas en situación de calle, los discapacitados y por las jóvenes víctimas del narco en los barrios. Finalizó planteando que hay muchos «que no sienten el dolor de la gente de a pie».
Fuente: Revista Acción
