La iniciativa presentada por el presidente Javier Milei ingresó este jueves al Senado. El oficialismo intentará lograr la media sanción en los próximos días, pese a que el tratamiento en Diputados quedará para 2026.
La iniciativa ingresó por la mañana y comenzará a discutirse en comisión la próxima semana, aunque desde La Libertad Avanza —con Patricia Bullrich al frente del bloque— intentan acelerar los tiempos para obtener la media sanción antes de fin de año. La Cámara de Diputados no tratará el proyecto en lo que resta de 2025.
El texto incorpora cambios en vacaciones, despidos, remuneraciones, convenios colectivos, registración laboral, prácticas sindicales y procedimientos judiciales. A continuación, los principales puntos.
La reforma propone un nuevo esquema de vacaciones, que mantiene el período general entre el 1° de octubre y el 30 de abril, pero permite acordar otras fechas. Habilita el fraccionamiento en tramos no menores a siete días y garantiza que cada trabajador pueda tomar vacaciones en verano al menos una vez cada tres años. También establece cómo se reprograman los días en caso de enfermedad.
En materia de despidos, redefine la indemnización por despido sin causa, que seguirá siendo de un mes por año trabajado, calculada sobre la mejor remuneración habitual, con topes según convenio. Permite crear fondos de cese laboral para afrontar pagos y mantiene indemnizaciones especiales por enfermedad, accidente o fallecimiento.
Sobre remuneraciones, el proyecto amplía qué conceptos son remunerativos y cuáles no. Ratifica que beneficios como comedor, guardería, reintegros médicos o útiles escolares son no remunerativos. Además, habilita componentes salariales variables que no generan derechos adquiridos ni ultraactividad, y exige que los pagos se realicen por vía bancaria o medios electrónicos.
Respecto a convenios colectivos, restringe su aplicación únicamente a sus partes y ámbitos directos. Permite que los CCT fijen topes de personal part-time, definan promedios para calcular la jornada y establezcan fondos de cese como reemplazo del régimen indemnizatorio.
El proyecto también modifica aspectos de formalización laboral, creando un registro único ante ARCA y reforzando la presunción en favor del trabajador cuando no se lo haya registrado. Impulsa la digitalización de recibos y la trazabilidad de la información laboral.
En cuanto a procedimientos judiciales, establece un nuevo sistema de actualización de créditos laborales basado en IPC + 3% anual. Limita los honorarios profesionales y fija topes al pacto de cuota litis. También obliga a los jueces a informar a ARCA cuando detecten empleo no registrado.
Finalmente, en prácticas sindicales, determina que trabajadores eventuales no podrán ocupar cargos con tutela gremial y limita las deducciones automáticas a favor de sindicatos, salvo que lo establezcan leyes, estatutos o convenios de empresa. Además, los acuerdos conciliatorios o liberatorios deberán ser validados por una autoridad judicial o administrativa.
El proyecto será debatido en comisión en los próximos días y el oficialismo busca su aprobación en el Senado antes de fin de año. El tratamiento en Diputados quedará para las sesiones de 2026.