Según un informe del Centro de Estudios Legales y Sociales, más de 2,8 millones de personas perdieron al menos una política pública de cuidado desde el inicio de la gestión de Javier Milei. También alertan por el recorte en salud, discapacidad y programas de equidad de género.
Un reciente informe del Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS) encendió la alarma sobre el desmantelamiento de políticas públicas destinadas al cuidado y la protección social. Según el relevamiento, desde que Javier Milei asumió la presidencia, sólo el 8% de las políticas de cuidado continúan vigentes a nivel nacional. Esto significa que 2.866.000 personas perdieron al menos uno de los programas de los que eran beneficiarias.
Lucía de la Vega, coordinadora del Equipo Transversal Feminista del CELS, precisó que de las 50 políticas de cuidado existentes hasta diciembre de 2023, hoy sólo se mantienen cuatro, principalmente vinculadas a transferencias directas de ingresos como la Asignación Universal por Hijo (AUH) y la Asignación por Embarazo. Sin embargo, estas medidas resultan insuficientes frente a la creciente demanda social.
El informe también advierte sobre la situación crítica de las personas mayores. La eliminación de la moratoria previsional y la pérdida de cobertura de medicamentos por parte del PAMI son dos de los factores que más golpean al sector. De hecho, se estima que unas 800.000 personas mayores dejaron de tener cobertura de remedios, y quienes perciben la jubilación mínima más el bono necesitan $45.000 adicionales por mes para no caer por debajo de la línea de pobreza.
Otro punto crítico es la situación de las personas con discapacidad. El CELS informa que los rechazos a solicitudes de pensiones por discapacidad aumentaron del 40% al 75%, y que más de 56.000 pensiones ya vigentes fueron revocadas. También se señala que se sumaron trabas burocráticas para acceder a beneficios y prestaciones, mientras la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS) sufre un fuerte recorte presupuestario.
La investigación subraya además el retroceso en políticas vinculadas a la autonomía sexual y reproductiva. Si bien se mantienen las transferencias a las infancias, se han desfinanciado los programas de socialización del cuidado infantil y se debilitan políticas como la Interrupción Voluntaria del Embarazo (IVE) y la provisión de métodos anticonceptivos.
El informe concluye que se ha abandonado el enfoque de igualdad de oportunidades en el acceso al trabajo. Ya no rige el cupo laboral travesti-trans, no hay aumentos salariales para trabajadoras de casas particulares desde enero, y se agrava la emergencia que atraviesan las mujeres rurales.
Desde el CELS aseguran que este desmantelamiento reproduce desigualdades estructurales y agrava la exclusión social. Las consecuencias ya se sienten en todo el país.
