Inquilinos Córdoba cuestionó que acelerar los procesos de desalojo sea la respuesta ante las dificultades para pagar alquileres.
El proyecto de Ley de Inviolabilidad de la Propiedad Privada, aprobado por el Senado durante la madrugada de este viernes, generó cuestionamientos de organizaciones que representan a inquilinos. Entre sus principales disposiciones, la iniciativa contempla la posibilidad de agilizar los procesos de desalojo por falta de pago.
Desde Inquilinos Córdoba, su presidente Maximiliano Vittar manifestó su preocupación por el alcance de la propuesta y cuestionó que la aceleración de los desalojos sea planteada como una respuesta frente a los problemas habitacionales.
En diálogo con Canal 10, Vittar sostuvo que el proyecto, incluso considerando los puntos que finalmente quedaron fuera de la iniciativa, muestra una orientación que, según su interpretación, prioriza «el negocio inmobiliario por sobre el acceso a la vivienda».
El cuestionamiento a los desalojos exprés
Uno de los puntos que genera preocupación en la organización es el artículo que establece que las acciones de desalojo puedan tramitarse mediante un juicio sumarísimo, es decir, a través de un procedimiento judicial más breve.
Vittar cuestionó que esta modificación sea presentada como una solución frente a los incumplimientos en el pago de alquileres. «Cuando una familia no puede pagar alquiler, no puede ser que la única respuesta o solución que aparezca sea desalojarla más rápido», planteó.
El titular de Inquilinos Córdoba también señaló que la iniciativa podría poner en un mismo plano situaciones diferentes, como un incumplimiento prolongado del pago del alquiler, un retraso puntual vinculado con el cobro de un salario o una situación de ocupación de un inmueble.
Según explicó, la organización no busca plantear el debate como un enfrentamiento entre propietarios e inquilinos, sino discutir cuál debe ser el rol del Estado frente a las dificultades para acceder y sostener una vivienda.
Qué establece el proyecto para los alquileres
En el caso de los contratos de alquiler destinados a vivienda, el proyecto aprobado por el Senado contempla una instancia previa obligatoria antes de iniciar una demanda de desalojo por falta de pago.
De acuerdo con la iniciativa, el propietario deberá intimar formalmente al inquilino y otorgarle un plazo de al menos 10 días corridos para cancelar la deuda.
Si ese período vence sin que se regularice la situación, el propietario podrá iniciar el proceso de desalojo mediante la vía más breve prevista por la legislación.
Para Inquilinos Córdoba, el problema excede la discusión sobre los procedimientos judiciales. Vittar sostuvo que la situación refleja, desde su perspectiva, un retiro del Estado de las políticas habitacionales y reclamó que las dificultades económicas de las familias sean abordadas mediante herramientas que eviten que la pérdida de la vivienda sea la principal respuesta.
La organización cuestiona así el enfoque del proyecto y plantea que cualquier modificación sobre los desalojos debería contemplar las distintas situaciones que pueden atravesar quienes alquilan una vivienda.
