Revés judicial al intento de criminalización de la protesta social. La Cámara de Acusación dictó el sobreseimiento de seis referentes gremiales y sociales, entre ellos el secretario general de ATE Córdoba, Federico Giuliani. La resolución remarca la legalidad del derecho a la protesta y cuestiona el accionar del fiscal De Aragón.
En una decisión que marca un antecedente importante en defensa del derecho a la protesta social, la Cámara de Acusación del Poder Judicial de Córdoba ordenó el sobreseimiento de seis dirigentes sociales y gremiales imputados por participar en una movilización durante abril de 2023. Entre ellos se encuentra el secretario general de ATE Córdoba, Federico Giuliani, procesado por el fiscal Ernesto De Aragón por “entorpecimiento al transporte” durante la Marcha Contra el Hambre.
La resolución judicial cuestiona duramente el accionar del fiscal del Distrito 4, Turno 1, quien había imputado a los referentes por delitos como desobediencia a la autoridad y obstrucción del transporte. Sin embargo, el tribunal consideró que la afectación al tránsito fue «tolerable», que no hubo disturbios y que los acusados no incitaron al corte de calles. La jueza de Control Anahí Hampartzounián ya había reducido los cargos, y ahora la Cámara resolvió su sobreseimiento definitivo.
Los jueces Maximiliano Davies, Carlos Salazar y Patricia Farías subrayaron que el derecho a manifestarse está garantizado por el artículo 14 de la Constitución Nacional, y remarcaron la inexistencia de una legislación provincial que regule específicamente el derecho a la protesta, como sí ocurre a nivel nacional con el polémico protocolo de orden público impulsado por la ministra Patricia Bullrich.
La defensa de Giuliani, encabezada por el abogado Claudio Oroz, argumentó su rechazo a la elevación a juicio en normas del derecho internacional, fallos de la Corte Suprema y antecedentes de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Oroz destacó: “Esperamos que este fallo termine con la persecución constante que los fiscales, ordenados desde la Fiscalía General, hacen sobre quienes ejercen el sagrado derecho de movilizarse”.
En sintonía, el propio Giuliani había denunciado desde un inicio que se trataba de una causa armada con fines políticos, impulsada por el cordobesismo como una forma de disciplinar la protesta social. “Nosotras y nosotros ratificamos la inconstitucionalidad de la imputación. Nuestro camino seguirá siendo la unidad, la lucha y la calle”, sostuvo el dirigente estatal.
Junto a Giuliani también fueron sobreseídos Agustín Nazar (Movimiento Teresa Vive), Marisa Cariddi (Libres del Sur), Emanuel Berardo y Soledad Díaz (Polo Obrero), y Roxana Carezano. En declaraciones a la prensa, Berardo celebró el fallo como “el fracaso del intento del poder político de Llaryora, en línea con Milei, de judicializar la protesta en un contexto de ajuste brutal”.
Por su parte, Soledad Díaz denunció que la justicia actuó en connivencia con el poder político provincial y utilizó mecanismos de espionaje e intimidación contra organizaciones sociales y gremiales.
El fallo de la Cámara de Acusación representa un límite claro a la criminalización de la protesta social en Córdoba, y fortalece el marco legal que ampara el derecho a peticionar, reunirse y manifestarse en la vía pública.
