La Fiscalía de Instrucción de Delitos contra la Integridad Sexual de Córdoba investiga una grave denuncia de abuso sexual en un hogar de la Secretaría de Niñez, Adolescencia y Familia (Senaf), en el barrio Alta Córdoba.
La acusación, presentada por una profesional de la institución, señala al responsable de la residencia por un presunto abuso contra un adolescente. Tras la denuncia, el titular de la residencia y otro miembro del equipo técnico fueron suspendidos de sus cargos.
El caso salió a la luz luego de que un joven alojado en el establecimiento relatara la situación a una trabajadora de la Senaf. Según fuentes judiciales, el adolescente reportó haber visto en el celular de un compañero un video de contenido sexual en el que presuntamente participaban dos adultos. Este testimonio fue clave para que la profesional decidiera elevar la denuncia, registrada el pasado 28 de octubre en una Unidad Judicial de Córdoba.
La fiscal Ingrid Vago, a cargo de la investigación, ha dispuesto medidas precautorias para asegurar el avance de las pesquisas sin interferencias. En tanto, el Ministerio de Desarrollo Humano de Córdoba, encabezado por Liliana Montero, emitió una resolución de suspensión preventiva por 90 días para ambos implicados, quienes quedarán apartados de sus funciones sin goce de sueldo mientras se esclarecen los hechos.
Cabe mencionar que el responsable de la residencia ya había sido apartado de sus funciones en 2018, cuando trabajaba en el Complejo Esperanza, debido a una causa en la que se investigaba presunto tráfico de estupefacientes.
El caso surge en un contexto de duras críticas hacia la Senaf tras el reciente crimen de Aralí Vivas en la localidad de Brinkmann, en el que la madre de la niña, su padrastro y un amigo de la pareja están detenidos como presuntos responsables. La Secretaría de Niñez, Adolescencia y Familia es cuestionada por sus procedimientos y protocolos de protección de menores.
La investigación del presunto abuso en el hogar de Alta Córdoba continúa en manos de la fiscal Vago, y se espera que las autoridades judiciales puedan determinar responsabilidades en un contexto que vuelve a poner en el centro de la escena la vulnerabilidad de menores bajo el cuidado del Estado.
