Los consejeros Mariano Recalde y Vanesa Siley acusaron a la magistrada de haber ordenado detenciones arbitrarias de militantes peronistas por un hecho menor. Organismos de derechos humanos y dirigentes políticos reclaman la liberación de los detenidos y denuncian persecución política.
Este viernes, los consejeros del Consejo de la Magistratura de la Nación, Mariano Recalde y Vanesa Siley, presentaron una denuncia contra la jueza federal Sandra Arroyo Salgado por presunto mal desempeño en sus funciones. La acusación está vinculada a la detención de cinco militantes políticos tras un escrache realizado en el domicilio del diputado José Luis Espert.
Según la denuncia, los detenidos —en su mayoría mujeres— fueron trasladados a una cárcel de máxima seguridad y mantenidos incomunicados por un hecho que, de acuerdo a los abogados defensores, solo constituiría una contravención municipal. Entre las personas privadas de su libertad se encuentran Eva Mieri, presidenta del bloque de concejales de Unión por la Patria en Quilmes; Alesia Abaigar, funcionaria del Ministerio de Mujeres bonaerense; y otros tres jóvenes militantes.
El escrache consistió en arrojar estiércol y volantes con mensajes ofensivos frente a la casa del legislador libertario. No hubo violencia ni daños a la propiedad. No obstante, la jueza Arroyo Salgado intervino ordenando allanamientos y arrestos, lo que generó fuertes críticas desde distintos sectores.
Organismos como el CELS (Centro de Estudios Legales y Sociales), abogados defensores y dirigentes de agrupaciones peronistas denunciaron que se trata de un caso de persecución política y criminalización de la protesta. Acusan al Gobierno nacional de utilizar el aparato judicial y de seguridad para intimidar a la militancia.
El abogado Diego Molea, defensor de varios de los implicados, expresó: “El juzgado federal se ocupa de una protesta con caca en la vereda como si fuera un delito federal grave, mientras el narcotráfico y otros temas realmente importantes quedan relegados”.
Desde el espacio Peronismo por la Ciudad también repudiaron las detenciones y exigieron la renuncia de la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, a quien consideran responsable política de esta “avanzada autoritaria”.
La denuncia presentada ante el Consejo de la Magistratura busca iniciar un proceso de investigación sobre el accionar de la jueza Arroyo Salgado, mientras crecen los reclamos por la inmediata liberación de los detenidos y el respeto a los derechos constitucionales.
