La presentación judicial fue realizada por la diputada Marcela Pagano y apunta a presuntas irregularidades en licitaciones públicas y la concesión del predio de Tecnópolis. Investigan posibles delitos contra la administración pública.
La diputada nacional Marcela Pagano presentó una denuncia penal contra el jefe de Gabinete, Manuel Adorni, por presuntas irregularidades en contrataciones públicas y en la concesión del predio de Tecnópolis. La causa, dada a conocer este jueves 19 de marzo, busca determinar posibles delitos contra la administración pública durante el período 2025-2026.
Según la presentación judicial, la investigación se centra en licitaciones vinculadas a servicios de mensajería masiva y en el proceso de concesión del predio estatal, bajo la órbita de la Jefatura de Gabinete.
Sospechas en licitaciones de servicios
De acuerdo al escrito, una licitación impulsada desde la Secretaría de Comunicación y Medios habría adjudicado a la empresa ATX S.A. un contrato superior a los $3.650 millones para el envío de mensajes SMS, correos electrónicos y llamadas automatizadas.
En ese proceso, se advierten posibles vínculos societarios entre distintas firmas participantes, como Area Tech S.A. y Movilgate S.R.L., lo que podría afectar los principios de transparencia y libre competencia en la contratación pública.
Además, la denuncia menciona variaciones de precios en licitaciones similares y la reiterada participación de empresas relacionadas, lo que, de confirmarse, podría configurar una “simulación de competencia” en perjuicio del Estado.
Foco en la concesión de Tecnópolis
Por otra parte, la presentación pone el foco en un presunto conflicto de interés en la concesión del predio de Tecnópolis, un proceso estimado en más de $183.300 millones y gestionado por la Agencia de Administración de Bienes del Estado.
En ese marco, se menciona la relación entre la consultora +Be, propiedad de Bettina Julieta Angeletti —esposa de Adorni—, y empresas como Grupo Foggia, vinculada a una de las firmas preseleccionadas para la concesión junto a DirecTV Argentina.
Asimismo, se detallan conexiones comerciales con otras compañías que mantienen contratos con el Estado, lo que, según la denuncia, podría configurar un entramado de relaciones incompatibles con el ejercicio de la función pública.
Posibles delitos y pedido de investigación
De acuerdo con el documento, al que accedió la agencia Noticias Argentinas, los hechos podrían encuadrarse en delitos como fraude contra la administración pública, negociaciones incompatibles, abuso de autoridad, asociación ilícita y enriquecimiento ilícito.
Finalmente, la denunciante solicitó la apertura de una investigación penal y la producción de medidas de prueba para determinar responsabilidades de funcionarios y empresarios involucrados en el caso.
