El Comité Nacional para la Prevención de la Tortura advirtió que el proyecto oficialista carece de independencia y de estándares internacionales. La iniciativa crea siete cargos vitalicios y no prevé controles efectivos en las cárceles provinciales.
La Legislatura de Córdoba debate la creación de la Procuración Penitenciaria, un organismo destinado a supervisar las cárceles provinciales y garantizar los derechos humanos de las personas detenidas. La discusión se intensificó tras el ingreso al recinto de una carta del Comité Nacional para la Prevención de la Tortura (CNPT), que alertó sobre la falta de estándares internacionales en el proyecto presentado por la legisladora oficialista Nadia Fernández.
La iniciativa —correspondiente a la Ley 44.944— propone conformar un organismo “independiente”, aunque dependiente del Poder Judicial. Entre otros puntos, establece siete cargos vitalicios con jerarquía y salarios elevados. Según sectores de la oposición y organismos especializados, la falta de claridad en los mecanismos de designación y en el funcionamiento institucional genera serios interrogantes.
El debate ocurre en un año en el que el sistema penitenciario cordobés estuvo bajo la mirada de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), que realizó una audiencia especial para analizar el uso de la prisión preventiva, los juicios abreviados y las denuncias por sobrepoblación y malos tratos en cárceles de la provincia. En ese contexto, la gestión de Martín Llaryora busca impulsar un organismo propio, sin participación de organizaciones ciudadanas y sin previsión de monitoreos efectivos.
En su comunicado, el CNPT señaló “inconsistencias” en el proyecto, entre ellas la ausencia de independencia funcional y autarquía financiera. El organismo nacional advirtió que la propuesta ubica la Procuración bajo la órbita del Tribunal Superior de Justicia, lo que condicionaría su capacidad para actuar. También indicó que el texto no incorpora recomendaciones hechas por el Comité tras inspecciones previas ni contempla los estándares mínimos de prevención.
Además, el CNPT subrayó que la iniciativa no garantiza visitas de monitoreo no anunciadas ni entrevistas confidenciales con personas privadas de libertad, herramientas centrales del sistema preventivo. También cuestionó el tratamiento acelerado del proyecto en la Unicameral, lo que —señaló— limita la participación de sectores sociales, académicos y profesionales.
Otro punto observado es el mecanismo de selección de autoridades, que, según el Comité, no respeta criterios de transparencia, pluralidad, género ni multidisciplinariedad. Por estas razones, el organismo afirmó que la propuesta no cumple con la obligación internacional de conformar un Mecanismo Local de Prevención, una deuda señalada reiteradamente por organismos de derechos humanos.
La demanda por un sistema de supervisión independiente tiene antecedentes recientes. En 2024, la Coordinadora de Familias de Víctimas de Gatillo Fácil y profesionales de la salud mental impulsaron un comité regional para prevenir la tortura, con estándares más estrictos para detectar situaciones de violencia. Aquella iniciativa no avanzó.
Mientras tanto, el oficialismo busca obtener un dictamen favorable y aprobar la normativa antes del cierre de la sesión. La discusión continúa en un clima marcado por denuncias, reclamos y la necesidad de un control efectivo sobre lo que ocurre tras las rejas en Córdoba.
