En los primeros seis meses del año, se registraron 102 crímenes de odio en Argentina. El 70 % de las víctimas fueron mujeres trans y más de la mitad de los casos ocurrieron en contextos de encierro institucional.
El Observatorio Nacional de Crímenes de Odio LGBTQI+ informó que durante el primer semestre de 2025 se registraron 102 ataques violentos motivados por el odio hacia la orientación sexual, la identidad o la expresión de género de las víctimas. La cifra representa un aumento del 70 % con respecto al mismo período del año anterior.
El relevamiento, elaborado por la Defensoría LGBTQI+ junto con la Federación Argentina LGBTQI+ y diversos organismos públicos, señala que el 70,6 % de las víctimas fueron mujeres trans, mientras que los varones gay cis representaron el 16,7 % de los casos, y las lesbianas el 6,9 %.
De los 102 ataques registrados, 17 personas murieron como consecuencia directa de la violencia: ya sea por asesinatos, suicidios o muertes evitables relacionadas con la exclusión estructural. En el 83,3 % de los casos, las agresiones incluyeron lesiones a la integridad física como golpes, disparos, abusos sexuales, puñaladas y detenciones arbitrarias.
Un dato preocupante es que el 54 % de los ataques ocurrió en contextos de encierro institucional, principalmente comisarías y cárceles. Además, en el 64,7 % de los casos el Estado fue señalado como responsable directo, ya sea por el accionar de las fuerzas de seguridad o por la omisión de otros organismos públicos.
El informe también advierte que los discursos de odio provenientes desde el Poder Ejecutivo, incluidos los del presidente de la Nación, refuerzan el estigma y la violencia contra las personas LGBTQI+. Como ejemplo, se mencionan los casos de maltrato en la cárcel de Sierra Chica, en la provincia de Buenos Aires, y los operativos policiales contra trabajadoras trans en espacios públicos.
El Observatorio cerró su informe semestral reclamando a la Justicia que se tipifiquen los crímenes de odio como tales y exigió la aprobación urgente de una nueva Ley Nacional contra la Discriminación, actualmente en tratamiento parlamentario.
