La Justicia ordenó embargar el 33% de la coparticipación provincial por una deuda originada en un préstamo de 2001. El intendente Raúl Cardinali advirtió que el municipio podría enfrentar la quiebra y confirmó que apelarán la medida.
La Municipalidad de Cosquín atraviesa una delicada situación financiera tras un fallo judicial que ordena el embargo del 33% de los fondos que recibe por coparticipación provincial. La medida se enmarca en un juicio iniciado por una deuda originada en el año 2001, cuando el municipio fue garante de préstamos personales otorgados a empleados municipales por una financiera que luego quebró.
El intendente Raúl Cardinali calificó la resolución como “una bomba atómica para la Municipalidad” y anticipó que presentarán una apelación para intentar frenar el embargo. Según explicó, el proceso judicial se inició porque el municipio se había hecho “solidariamente responsable” del descuento por planilla de los préstamos, aunque el dinero nunca llegó a la financiera.
En aquel momento, durante la gestión de Andrés Bustos, el municipio garantizó el pago de los créditos, que ascendían a unos 600 mil dólares. Sin embargo, los fondos no fueron transferidos y la empresa quebró. Años después, un grupo fiduciario adquirió el juicio y reclama actualmente más de seis millones de dólares, producto de intereses acumulados.
La situación se agravó cuando el abogado que representa a la financiera, Ariel Díaz Yofre, presentó un reclamo adicional por honorarios profesionales, cuyo monto ronda los 1.100 millones de pesos. En este caso, el Juzgado de Primera Instancia de Córdoba Capital ordenó el embargo sobre la coparticipación provincial, lo que generó preocupación en la administración local.
“Si esto se aplica, tendríamos que entregarle las llaves del municipio al juez o a los abogados, porque la ciudadanía de Cosquín la va a pasar muy mal durante los próximos años”, advirtió Cardinali en declaraciones reproducidas por La Estafeta Online.
El Concejo Deliberante declaró la emergencia económica municipal, lo que en principio exime al gobierno local de afrontar el pago inmediato de la deuda. Aun así, la Municipalidad busca evitar que el embargo se haga efectivo mientras continúa el proceso de apelación.
De concretarse la medida, Cosquín podría perder un tercio de sus ingresos por coparticipación, lo que comprometería el pago de sueldos, servicios y obras públicas. El caso vuelve a poner en debate las consecuencias de viejos compromisos financieros que hoy impactan de lleno en las cuentas municipales.
