En la audiencia convocada por la Corte Suprema, el gobernador Martín Llaryora destacó la apertura de un canal institucional para negociar una solución por la millonaria deuda que la Anses mantiene con la Caja de Jubilaciones provincial. El próximo encuentro será en dos semanas y Córdoba espera propuestas concretas.
Este miércoles, en el Palacio de Tribunales de la Ciudad de Buenos Aires, se llevó a cabo la audiencia de conciliación convocada por la Corte Suprema de Justicia de la Nación entre el gobierno de Córdoba y representantes del Ejecutivo nacional, en el marco del reclamo provincial por la deuda de la Anses con la Caja de Jubilaciones. Tras más de un año sin respuestas formales, el encuentro permitió reabrir el diálogo entre ambas partes y fijó una nueva reunión para dentro de 15 días.
“Es un paso importante porque se abre una mesa de trabajo para traer propuestas concretas”, expresó el gobernador Martín Llaryora al término de la audiencia. “Hay que valorar esta actitud de diálogo. Nosotros vamos a seguir defendiendo los intereses de Córdoba y de nuestros jubilados, pero también queremos contribuir a que Argentina salga adelante”, agregó.
El reclamo de Córdoba apunta a que la Nación salde una deuda que, según estimaciones provinciales, asciende a cerca de un billón de pesos si se suman los intereses acumulados. La demanda incluye, además del pago monetario, la posibilidad de canje de deuda mediante bienes del Estado nacional, como tierras fiscales, el complejo Procrear, la Central Nuclear de Embalse, la Fábrica de Aviones (Fadea), sectores de la Reserva Natural La Calera y una cárcel federal aún no construida.
En diálogo con los medios, Llaryora agradeció la intervención de la Corte, al considerar que “defender la institucionalidad y que se cumplan las obligaciones es también defender la República”. Según detalló, participaron del encuentro funcionarios de alto nivel del Ministerio de Economía y de la Anses.
Córdoba es la primera de las 13 provincias que no transfirieron su caja previsional al sistema nacional en llegar a esta instancia judicial, por lo que lo que resuelva la Corte podría sentar jurisprudencia para casos similares. El gobernador recordó que este reclamo se da en el marco del Régimen de Extinción de Obligaciones Recíprocas impulsado por la Nación, aunque remarcó que “tampoco puede ser cero pesos para nuestros jubilados”.
El mandatario provincial, quien estuvo acompañado por el Fiscal de Estado, Jorge Córdoba; el Ministro de Economía y Gestión Pública, Guillermo Acosta; y su par de Justicia y Trabajo, Julián López, fue recibido por el secretario de Asuntos Originarios, Alejandro Rodríguez, encargado de las causas que se tramitan directamente ante los estrados del máximo tribunal cuando hay conflicto entre provincias, o entre ellas y el Estado nacional.
En su presentación, Llaryora expresó su deseo de encontrar soluciones definitivas al reclamo de la deuda previsional.
Luego, añadió que es el tercer gobernador de la provincia de Córdoba en reclamar lo mismo que antes hicieron José Manuel de la Sota y Juan Schiaretti, con un planteo similar que deja en claro que esta situación trasciende a los presidentes de distintos partidos políticos, a diferencias ideológicas, y deja expuesta “una preocupante conducta del Gobierno central, que avanza sobre los derechos de las provincias y afecta tanto al federalismo como al funcionamiento de la República”.
“Pero en este caso, es más grave aún, porque además de reclamar por las dos demandas realizadas por el ex gobernador Juan Schiaretti, de abril y mayo de 2023, hoy enfrentamos la inconstitucionalidad del Decreto de Necesidad y Urgencia N° 280, del 27 de marzo de 2024, por el cual se estableció que directamente se suspendan los envíos que por Ley debe destinar la Nación a la provincia de Córdoba”, expresó.
“Se trata de un punto cúlmine del destrato institucional de la Nación con la provincia de Córdoba y las demás jurisdicciones con Cajas no transferidas, al suprimir de manera unilateral e inconstitucional las partidas del presupuesto 2023, dos veces prorrogado para el año 2024 y 2025. Con ello se pretendió legalizar la afrenta flagrante de llevar los giros obligatorios de la Nación a la provincia para cubrir el déficit previsional de la Caja a cero pesos”, agregó.
Llaryora consideró que tal situación es una “violación de los principios y normas que rigen la Ley de Presupuesto Nacional, establecidos en la Constitución Nacional, que alcanza a lo dispuesto en materia de coparticipación federal, y que no pueden ser suplidos por un Decreto”.
En su argumento, el gobernador consideró que con esta decisión “hay un claro acto de violación del principio federal, principalmente del concepto ‘de lealtad federal’ o ‘buena fe federal’, ya que el DNU 280 de Nación se sustrae unilateralmente de compromisos asumidos en acuerdos previos interfederales suscriptos entre Nación y Provincias respecto a regímenes previsionales no transferidos”.
Asimismo, continuó Llaryora, la actual inobservancia del régimen de asistencia financiera para las provincias cuyos regímenes previsionales no fueron transferidos al Estado Nacional constituye sin duda “un acto discriminatorio con los jubilados que pertenecen a las provincias que no transfirieron sus Cajas y un debilitamiento grave de la vida institucional de la Argentina, puesto que la normativa aplicable ha sido debatida y acordada en el Congreso de la Nación, en ejercicio de tal premisa constitucional”.
“En definitiva, el incumplimiento persistente del Estado Nacional, de no asumir lo acordado que aquí se reclama, también implica una afectación concreta y grave al funcionamiento de nuestra organización como República”, enfatizó.
Con un nuevo encuentro agendado en dos semanas, las expectativas del gobierno cordobés están puestas en que se concrete una propuesta nacional que permita saldar, al menos parcialmente, una deuda que impacta directamente sobre las finanzas provinciales y el sistema previsional cordobés.
