Lo dijo el fiscal Guillermo González, junto al ministro de Seguridad, Juan Pablo Quinteros, en una conferencia de prensa brindada por la Policía. El escándalo se desprende tras la detención del director de la Policía Caminera, junto a otros agentes, acusados de integrar una red delictiva dentro de la fuerza.
Este viernes autoridades de la Policía de Córdoba junto al fiscal Guillermo González brindaron una conferencia de prensa para esclarecer detalles acerca de la causa que sacude a Córdoba por estas horas.
Allí, las autoridades y el fiscal confirmaron que el jefe de la Policía Caminera, Maximiliano Ochoa Roldán, fue detenido e imputado por una serie de delitos que incluyen asociación ilícita, extorsión, peculado y enriquecimiento ilícito.
“Utilizaban su lugar en la Policía para cometer ciertos delitos”, señaló González.
Además, señaló que la investigación se inició a partir del testimonio de un colega que rastreaba una banda delictiva con presuntos vínculos policiales.
La investigación los imputa por los delitos de coacción, extorsión, peculado, enriquecimiento ilícito (en al menos cuatro hechos), encubrimiento por omisión de denuncia y asociación ilícita en calidad de jefes.
Además de Ochoa Roldán, fueron detenidos otros seis uniformados, entre ellos su hermano, el comisario inspector Martín Darío Heredia, el comisario inspector Jorge Gutiérrez (de Protección de Testigos) y el suboficial Dante Gabriel Villalba, chofer en la Jefatura de Policía.
“Todo el tiempo cobraban dinero a través de civiles. Estamos hablando de una buena cantidad de dinero”, comentó el fiscal. Además dijo que hay pruebas suficientes que confirman las sospechas iniciales y que los efectivos “tenían acceso a antecedentes penales” que les permitían maniobrar para su beneficio.
El ministro Juan Pablo Quinteros, por su parte, respaldó la labor de la fiscalía y subrayó que “desde el primer día el gobernador nos encomendó una tarea clave: ejecutar la absoluta transparencia en las fuerzas”.
“Trabajamos junto al Ministerio Público Fiscal para depurar la Policía. No vamos a encubrir ni esconder estos hechos”.
Ambas autoridades remarcaron que los responsables serán separados de la fuerza y que se trata de un caso “muy grave”.
