La concentración será este miércoles a las 17.30 en el Paseo Sobremonte, frente a Tribunales I de la ciudad de Córdoba. La jornada incluirá una merienda compartida e intervenciones artísticas.
A 11 años de la primera Marcha Nacional Contra el Gatillo Fácil, familiares y amistades de víctimas de la violencia institucional convocan a una nueva movilización en Córdoba. La cita es este miércoles a las 17.30 en el Paseo Sobremonte, frente a Tribunales I, bajo el lema “No es un solo policía, es toda la institución”.
Este año, la propuesta incluye una merienda compartida e intervenciones artísticas, además de la recepción de donaciones de alimentos no perecederos.
Entre las voces presentes estará la de Gabriela Sanso, mamá de Rodrigo Sánchez, el joven de 17 años asesinado en 2015 por un oficial de policía. “Acá hay una realidad, si uno no sale a la calle te cierran la causa”, señaló a La Nueva Mañana.
La causa judicial contra el oficial Lucas Gastón Carranza, responsable del disparo, recién llegó a tribunales en 2024. Pese a que se comprobó que había consumido alcohol y cocaína antes de usar su arma reglamentaria, la sentencia fue de tres años de prisión en suspenso. “Después de tantas muertes no cambió nada”, expresó Sanso.
Juicios y condenas en Córdoba
En los últimos años, distintos casos de gatillo fácil llegaron a tribunales en Córdoba. Algunos ejemplos:
- Isaias Luna (2020): seis policías condenados a penas menores de tres años, sin prisión efectiva.
- Blas Correas (2020): dos policías condenados a prisión perpetua y nueve agentes a penas de entre dos y cinco años. La familia reclama que se investigue también la responsabilidad política.
- Damián Pérez (2014): el oficial que lo baleó fue condenado a cuatro años de prisión en suspenso; la víctima murió en 2022 tras complicaciones de salud.
- Lucas Funes (2012): el policía acusado fue absuelto en 2024, pese a haber admitido los disparos.
Otros hechos, como las muertes de Ezequiel Castro en 2022 y las secuelas irreversibles que sufrió Matías Mariño en 2023 tras su paso por una comisaría y el CPA, aún esperan resolución judicial.
Un reclamo que persiste
Las organizaciones de familiares denuncian un accionar sistemático de las fuerzas de seguridad que incluye la alteración de escenas del crimen y la justificación de ataques mediante el “plantado” de armas. También señalan que las condenas suelen ser condicionales y no alcanzan a responsables de altos rangos.
Mientras tanto, la Coordinadora de Familiares de Víctimas de Gatillo Fácil y organismos de derechos humanos insisten en visibilizar la problemática y exigir justicia.
