El oficialismo impulsa cambios en el Código de Convivencia para ordenar el espacio público, reforzar la seguridad vial y endurecer sanciones en salud. El proyecto se debate este viernes en comisión.
El Gobierno de Córdoba presentó un proyecto para reformar el Código de Convivencia con el objetivo de regular el uso del espacio público y reforzar el orden urbano. La iniciativa, que comenzó a discutirse en la Comisión de Seguridad de la Legislatura, apunta principalmente a limitar la actividad de los cuidacoches sin habilitación municipal y a prohibir de manera total la práctica de los limpiavidrios en la vía pública.
El ministro de Seguridad, Juan Pablo Quinteros, defendió la propuesta al sostener que no se trata de una política punitiva, sino de una herramienta para prevenir conflictos y proteger a los vecinos. En el caso de los llamados “naranjitas”, el proyecto establece que solo podrán ejercer quienes cuenten con autorización expresa de los municipios, con el foco puesto en evitar cobros coercitivos y la apropiación indebida del espacio público. Según datos oficiales, más de 370 personas fueron detenidas en el último año tras denuncias vinculadas a estas situaciones.
La iniciativa avanza un paso más al plantear la prohibición total de los limpiavidrios, al considerar que la actividad implica riesgos para la seguridad vial y genera situaciones de tensión en cruces semaforizados y zonas de alto tránsito. El nuevo artículo incorporado al Código prevé sanciones para quienes ofrezcan o realicen esta práctica en la vía pública, con agravantes en eventos masivos.
El proyecto también introduce cambios en materia de salud pública. Se incorporan sanciones para padres o tutores que incumplan con la vacunación obligatoria de niños y adolescentes, y se refuerza la protección legal para los equipos de salud frente a agresiones, amenazas o daños a hospitales y centros sanitarios.
Desde el Ejecutivo provincial sostienen que la reforma busca actualizar el régimen contravencional con un enfoque preventivo, brindando al Estado herramientas claras para intervenir ante prácticas que afectan la convivencia, la seguridad y el funcionamiento de servicios esenciales.
