Organizaciones sociales, gremiales, políticas y organismos de Derechos Humanos se concentraron en la plaza central de la ciudad para expresar su rechazo a la represión en Jujuy, la criminalización de la protesta y la reforma constitucional “de espaldas al pueblo”.
Más de 25 organizaciones integrantes de la Multisectorial por los DDHH de la ciudad llevaron a cabo una concentración para repudiar los hechos de violencia en Jujuy tras las manifestaciones por la reforma de la Constitución que, entre otros artículos, propone penar judicialmente las protestas sociales.
En la jornada de protesta también se sumó la movilización de gremios de educación como UEPC y SADOP que, nucleados dentro de CTERA, llevan adelante una jornada de paro en toda la provincia.
Fernanda Oviedo, referente del SECASFPI, uno de los gremios de las trabajadoras y trabajadores de Anses e integrante de la Multisectorial de Río Cuarto por los Derechos Humanos estuvo en el programa radial Nada Fake en donde detalló las razones de esta movilización en solidaridad con las comunidades aborígenes de Jujuy.
«Decimos NO a al avasallamiento institucional y defendemos la democracia, los derechos humanos y los recursos naturales. Acompañamos al pueblo jujeño en su legítimo reclamo frente a una reforma inconstitucional que perjudica a las mayorías», expresaron desde la Multisectorial por los Derechos Humanos.
Oviedo señaló que lo ocurrido en Jujuy “es muy alarmante y preocupante para la democracia y el estado de derecho en nuestro país”. En este sentido, señaló que junto a las demás organizaciones locales consideraron que era necesario salir en defensa de la democracia y repudiar lo que está sucediendo en la provincia del norte argentino.
Aseguró que “Río Cuarto tiene un ejercicio permanente de lucha por los derechos humanos. A 40 años de democracia tenemos que resignificar el sentido y esto tiene que ver con entender el derecho a la protesta social”.
La militante por los derechos humanos dijo que en algunos medios se escucha decir que esto es la antesala de lo que vendrá si gana Juntos por el Cambio, pero advirtió que esto “es una muestra más de un Gobierno que profundiza la criminalización de la protesta y de la pobreza, el cual tiene estas prácticas represivas puestas al servicio de castigar los intereses del pueblo jujeño”.
Manifestó que mucha gente que puede haber acompañado a Gerardo Morales en las urnas ahora “entiende que no se está cumpliendo con ese pacto social y por eso se manifiesta”.
Agregó que esta situación desnuda el trasfondo de la cuestión que tiene que ver con la implementación de un modelo económico. En esta línea, sostuvo que “un gobierno de ajuste hacia los trabajadores y los pueblos originarios sólo se cierra con represión”.
La integrante de la Multisectorial por los Derechos Humanos indicó que el modus operandi de la represión “era con civiles, con vehículos no identificados, con las fuerzas de seguridad, pero también con el aporte de camionetas de sectores privados de la economía”. Manifestó que esa forma de actuar le recuerda “a la «Noche del apagón» con el accionar del grupo Blaquier durante la última dictadura cívico-militar”.
Consideró que además de preocuparnos por la violencia física que es grave, también hay que reflexionar sobre las reformas impulsadas por el Gobierno de Morales, “las cuales son inconstitucionales porque no respetan la Constitución nacional”.
