Siete de los profesionales que lo atendieron en sus últimos días de vida son juzgados por homicidio simple con dolo eventual.
La bronca generada en medio de la tristeza por el fallecimiento de Diego Maradona tiene, cuatro años y varios meses después, un proceso judicial.
Es que desde aquel fatídico 25 de noviembre de 2020 se sospechó que había responsabilidades penales en el fallecimiento del astro, que pasaba sus días en una casa de un barrio privado de Tigre, Buenos Aires.
En ese marco es que da inicio este martes, en el Tribunal Oral en lo Criminal (TOC) N°3 de San Isidro, el proceso judicial contra siete de los profesionales que lo atendieron en sus últimas semanas de vida.
Indicados como “quienes tenían la última palabra” aparecen Leopoldo Luque y la médica psiquiatra Agustina Cosachov. El neurocirujano fue quien, llegando en motocicleta, había tomado visibilidad mientras lo visitaba frecuentemente en la clínica Olivos, donde el ‘10’ fue operado de un hematoma cerebral en ese octubre previo.
No son pocas las voces que referían que tal cirugía no tenía la urgencia que le dio Luque, un agradecido recurrente de Matías Morla, la «tenebrosa mano derecha” de Diego en sus últimos tiempos.
Cosachov, en tanto, no constató la toma de medicación y psicotrópicos indicados durante el tratamiento domiciliario.
Para salir del sanatorio, la familia del astro debió firmar el alta, que no tenía suficientes avales médicos.
Fueron 17 de los 22 peritos consultados por el Ministerio Público Fiscal los que demandaron un proceso judicial por encontrar responsabilidad penal en tal penoso fallecimiento.
El informe dejó en claro que “el actuar del equipo de salud que atendía a Diego Armando Maradona fue inadecuado, deficiente y temerario (…) fue abandonado a su suerte» ya que “presentaba signos inequívocos de periodo agónico prolongado, por lo que concluimos que el paciente no fue debidamente controlado” en las doce últimas horas de vida.
Ese ‘equipo médico’ colaboró a su vez, según la conclusión de los fiscales generales adjuntos de San Isidro, Patricio Ferrari y Cosme Iribarren, y la fiscal Laura Capra, a “colocar un cúmulo de factores y circunstancias notoriamente burdas incrementando el riesgo por fuera del margen permitido profesionalmente”.
En sus últimos días de vida, se impidió el acceso a la debida atención médica en lo cardiológico, y se cuestionó fuertemente la falta de aparatología en la vivienda.
El resto de los imputados
Más allá de Luque y Cosachov, también pesa la acusación sobre el joven psicólogo Carlos “Charly” Díaz, un especialista en adicciones que Morla contrató porque uno de sus choferes había tenido una buena experiencia en el tratamiento de sus adicciones que le realizó. Según los reportes, en las semanas que trató al en ese entonces entrenador de Gimnasia de La Plata «intercedió en la toma de decisiones ajenas a su incumbencia profesional, extendiéndose en las relaciones con el entorno familiar”
A la coordinadora de SWISS Medical contratada para la ocasión, Nancy Forlini, la acusan de omisión de cumplimiento de los deberes a su cargo, omitiendo “dotar de personal de enfermería especializada en salud mental, acompañamiento terapéutico, nutricionista, y de la aparatología adecuada para RCP avanzada, estudios de laboratorio y electrocardiograma”.
Mariano Perroni coordinaba el trabajo de los enfermeros Ricardo Omar Almirón y Gisela Madrid, encargados fundamentalmente de darle la medicación a Maradona. Estos dos últimos “omitieron atenderlo” los días previos a su muerte.
Sobre Perroni, en tanto, se consignó que “completó las planillas de las correspondientes atenciones, omitiendo plasmar sus asientos de forma completa y adecuada, consignando deliberadamente información que no se condecía con el real estado y atención médica que Maradona recibía”.
El médico clínico al que se le asignó la internación domiciliaria, Pedro Di Spagna, es el último acusado.
Se le cuestionó fuertemente, en la investigación, haberse abstenido de “controlar regularmente el estado de salud del paciente”, que hubiera determinado la gravedad previa que tenía.
Otra de las acusadas por esta dolorosa muerte es la enfermera Gisela Madrid. La misma escogió ser juzgada por jurados, y su proceso está previsto que sea por esa vía a partir de julio.
Fuente: Cba24n
