A través de un decreto, el Ejecutivo derogó una norma vigente desde 1993. Desde ahora, los institutos privados no deberán informar previamente a las familias ni pedir autorización oficial para fijar aranceles. Las provincias definirán su aplicación.
El Gobierno nacional dispuso este martes la derogación del Decreto 2417/93, una norma que regulaba desde hace más de tres décadas el sistema de cuotas y matrículas en colegios privados de todo el país. Con esta medida, las instituciones dejarán de estar obligadas a notificar con anticipación los aumentos a las familias y a la Secretaría de Educación.
El cambio normativo, publicado con las firmas del presidente Javier Milei, el jefe de Gabinete Manuel Adorni y los ministros Sandra Pettovello (Capital Humano) y Luis Caputo (Economía), se enmarca en una política de desregulación del sistema educativo privado, alineada con la visión liberal del actual gobierno.
El decreto argumenta que la estructura de costos “ha variado” y que la intervención estatal “ha generado efectos contraproducentes que afectan la viabilidad económica de los institutos”. Según el texto oficial, permitir que las instituciones fijen libremente sus aranceles “reducirá la incertidumbre” y “beneficiará a las familias” al favorecer la competencia entre escuelas.
En adelante, cada provincia será la encargada de definir cómo se aplicará la medida, aunque se espera que en distritos como Córdoba el impacto sea limitado debido a los marcos regulatorios locales ya existentes.
En la Ciudad y la provincia de Buenos Aires, en cambio, se prevé un debate más amplio entre asociaciones de colegios y autoridades educativas, que analizarán los alcances de la nueva normativa y sus efectos sobre el acceso y los costos de la educación privada.
