El espacio no entró en vigencia formal dado que se trabó la definición de autoridades.
Mientras la Justicia estadounidense logró una declaración por escrito del empresario cripto Hayden Davis, apuntado como el desarrollador de la criptomoneda $LIBRA, en los tribunales nacionales la última novedad continúa siendo el rastreo de los llamados telefónicos de Davis, Javier Milei y Karina Milei, además del congelamiento de las cuentas bancarias de Sergio Morales, exasesor de la Comisión Nacional de Valores (CNV). En ese marco, diputados buscan sumar testimonios que se efectivicen como información vinculante para la causa.
La última iniciativa fue por parte de tres diputados de Unión por la Patria (Litza, Selva y Marino), en la que reclaman «cesar con todas las maniobras dilatorias» y solicitan que «reciba tratamiento urgente» en la Comisión de Asuntos Constitucionales -presidida por el libertario Nicolás Mayoraz– la resolución que modifica el reglamento interno de la comisión investigadora de $LIBRA. Ésta busca que las autoridades del espacio se elijan por el pleno de la Cámara (en donde la oposición alcanzaría una mayoría) y no por los miembros de la propia comisión, que cuenta con 28 legisladores.
La estrategia del Gobierno desde el inicio del año fue paralizar las comisiones que presiden oficialistas para evitar que avancen iniciativas opositoras. Es por ello que en las sesiones, la oposición propone emplazamientos, para tratar los diferentes proyectos sin dictamen de comisión. En la última sesión, el intento fracasó por un escándalo entre libertarios y peronistas. Referentes de los cuatro bloques opositores que conforman la comisión $LIBRA aseguraron a este medio que insistirán para que esto suceda. Considerando que una de sus labores es constituir un informe en tres meses, un posible comunicado con primeras conclusiones puede coincidir con la semana de elecciones legislativas.
En paralelo, los diputados avanzan con acciones judiciales. Maximiliano Ferraro y Mónica Frade (Coalición Cívica) denunciaron penalmente a Alejandro Melik, titular de la Oficina Anticorrupción (OA), por «abuso de autoridad», «incumplimiento de los deberes de funcionario público» y «encubrimiento», luego de que resuelva desistir de investigar al presidente Javier Milei, bajo la consideración de que no existió «ninguna falta ética».
Por su parte, Juan Marino (Unión por la Patria) presentó un pedido de acceso a la información para conocer qué hizo la Unidad de Tareas de Investigación especial para investigar $LIBRA, creada por el Ejecutivo y con operaciones durante tres meses, desde febrero hasta mayo de este año. El Ministerio de Justicia le negó el acceso, bajo el argumento de que se trata de un caso “reservado”.
Citaciones en Diputados
Las citaciones continúan siendo la principal herramienta que tienen en Diputados. Si bien desde la oposición señalaron que no fue efectiva la convocatoria a Guillermo Francos al recinto (un diputado peronista sintetizó para Ámbito que “él no es el que tiene que estar acá. Algunas de las cosas que dice incluso son creíbles»), insistirán en incluir a Javier Milei y Karina Milei entre la lista de invitados. Hasta el 2028, nadie cree posible que acudan a ningún lugar a expresarse sobre el tema. «A mí me encantaría que el Presidente de la Nación se constituya como denunciante y que denuncie a quien lo estafó, porque acá o se es estafador o se es estafado«, analizó Nicolás Massot (Encuentro Federal).
Aunque ya se ausentaron en pasadas citaciones, los diputados reiterarán las convocatorias a Roberto Silva (quien continúa a cargo de la CNV), Alejandro Melik (titular de la OA) y María Florencia Zicavo (titular de Unidad de Tareas de Investigación ya disuelta). Apuestan principalmente al impacto público de un funcionario respondiendo repreguntas acerca de la complicidad o negligencia del Estado en el fraude. Asimismo, buscan convocar a Mauricio Novelli, reconocido trader y quien habría vinculado a Milei con Davis, cuya madre y hermana fueron vistas retirando bolsos de un banco el primer día hábil tras la estafa.
Hasta el momento, sólo han testimoniado especialistas y un afectado. Es el caso de Martín Romeo, querellante en la causa en manos de la jueza Sandra Arroyo Salgado. El inversor, que cuenta con el patrocinio de Fernando Burlando, señaló que “los más de 200 damnificados compartían ideas con la campaña del Presidente” y se lamentó porque “esto no fue un episodio aislado, fue un robo orquestado con lenguaje institucional con promesas patrióticas”. “El 86% de los inversores perdieron todo el dinero en las cinco horas siguientes a la difusión del token $LIBRA”, detalló y precisó que “se drenaron del mercado u$s280 millones de y 75.000 inversores resultaron perjudicados en la maniobra”.
Fuente: Ámbito
