El Juzgado Federal de Río Cuarto negó provisoriamente el pedido de la Universidad para intervenir como querellante en la causa que investiga el presunto uso particular de equipamiento institucional.
El Juzgado Federal de Río Cuarto rechazó de manera provisoria el pedido de la Universidad Nacional de Río Cuarto (UNRC) para constituirse como querellante particular en la causa que investiga el presunto uso con fines personales de los laboratorios de la Facultad de Ciencias Exactas.
La decisión fue firmada por el juez Carlos Ochoa, quien señaló que la investigación judicial aún se encuentra en una etapa temprana y que admitir a la Universidad como querellante podría afectar el curso del proceso. En su resolución, fechada el 17 de junio, Ochoa indicó que “todavía pueden surgir nuevos sujetos, internos o externos a la institución, que hayan intervenido en los hechos” y que por eso se desaconseja sumar partes en esta instancia.
De todos modos, el magistrado aclaró que la Universidad podrá insistir con el pedido en etapas posteriores, incluso hasta la clausura de la instrucción.
El pedido había sido realizado por la rectora Marisa Rovera ante la Justicia Federal el pasado 10 de junio, con el objetivo de tener una participación activa en la causa y garantizar un seguimiento riguroso. La Universidad busca también preservar su prestigio institucional y colaborar con el esclarecimiento de los hechos, en una causa que además involucra a personal del CONICET.
Por su parte, el Consejo Directivo de la Facultad de Ciencias Exactas ya aplicó suspensiones preventivas a los cinco imputados: los técnicos Lucas Gallarato, Oscar Masciarelli y Judith Reynaga (vinculados al CONICET) y las docentes Analía Llanes y Julia Iparraguirre, integrantes de la Universidad.
Los imputados están procesados por los delitos de administración infiel, defraudación y peculado en perjuicio de la UNRC. Todos permanecen en libertad mientras avanza la investigación.
