El próximo jueves, el Tribunal Oral en lo Criminal Federal N°7 comenzará a juzgar a la expresidenta y a exfuncionarios y empresarios por su presunta participación en una asociación ilícita vinculada a la adjudicación de obra pública entre 2003 y 2015.
Esta semana comenzará el juicio de la conocida causa Cuadernos, que investiga una presunta asociación ilícita en la adjudicación de obra pública durante los gobiernos de Néstor y Cristina Kirchner. La exmandataria, Cristina Fernández de Kirchner, y otros 86 imputados serán juzgados por supuestos cobros indebidos a empresas de los sectores de construcción, energía y transporte a cambio de contratos estatales.
El tribunal fijó que las audiencias se desarrollarán todos los jueves de 9.30 a 13.30, de manera virtual a través de Zoom, y algunas se transmitirán por YouTube desde la cuenta oficial del Poder Judicial de la Nación. Entre los acusados se encuentran 19 exfuncionarios, dos choferes y 65 empresarios, señalados como integrantes de la asociación ilícita.
El fiscal federal Carlos Stornelli solicitó que la expresidenta sea juzgada como jefa de la supuesta red de corrupción y como coautora del delito de cohecho pasivo, además de esclarecer los cobros que registró el chofer Oscar Centeno y la posible cartelización de contratos en obra pública, transporte ferroviario y corredores viales. También se investigará la participación de funcionarios coordinados con el exjefe de Gabinete Juan Manuel Abal Medina, entre otros.
El avance del juicio fue respaldado recientemente por la Corte Suprema de Justicia de la Nación, que rechazó más de veinte recursos presentados por Cristina Kirchner, el exministro Julio De Vido y empresarios involucrados, quienes cuestionaban la validez de las actuaciones.
La fiscal general Fabiana León, a cargo de la acusación, describió la investigación como “la causa de corrupción más extensa realizada en la historia judicial argentina”, y afirmó que su alcance solo puede compararse con algunos casos a nivel mundial. La expectativa es que el proceso judicial permita clarificar los hechos de corrupción denunciados y la responsabilidad de cada imputado en el esquema investigado, conocido popularmente como “la Camarita”.
