El dirigente de ATE Capital y la CTA criticó al Gobierno Nacional por declarar esenciales nuevos sectores para restringir medidas de fuerza. Aseguró que el DNU 340/2025 es una “ley ómnibus encubierta” que atenta contra los derechos laborales y la soberanía.

El secretario general de ATE Capital y secretario adjunto de la CTA, Daniel Catalano, cuestionó duramente el Decreto de Necesidad y Urgencia 340/2025, firmado recientemente por el presidente Javier Milei, que amplía las actividades consideradas esenciales y limita el derecho a huelga en varios sectores.

Según el nuevo régimen, se modifica el artículo 24 de la Ley 25.877, estableciendo que los servicios esenciales deberán garantizar al menos el 75% de su actividad normal durante conflictos laborales. Para las actividades consideradas de “importancia trascendental”, el mínimo será del 50%. Además, se crea una Comisión de Garantías que podrá declarar nuevos servicios como esenciales si considera que está en riesgo la salud pública, el abastecimiento o la prestación de servicios estratégicos.

Catalano denunció que con este decreto “el Gobierno busca disciplinar a los trabajadores por decreto” y señaló que se trata de “una ley ómnibus encubierta que no pasó por el Congreso”. El dirigente afirmó que se intenta prohibir huelgas, asambleas y reclamos, y que la medida “limita derechos laborales y entrega la soberanía fluvial y marítima al habilitar el ingreso de buques extranjeros y flexibilizar las condiciones de las tripulaciones”.

“El presidente Milei dice que el Estado es una mafia, pero firma un decreto que nos declara esenciales para prohibir la protesta”, expresó Catalano. Y agregó: “Quieren un país sin sindicatos, sin resistencia y sin derechos”.

En su declaración, el dirigente remarcó que los trabajadores “no van a retroceder” y defendió el rol de las organizaciones gremiales en la defensa de la soberanía y los derechos conquistados: “Somos esenciales —siempre lo fuimos—, pero para garantizar los derechos del pueblo argentino”.

El DNU 340/2025 ya generó rechazo en distintos sectores sindicales, mientras se espera que avance la judicialización de la norma o su tratamiento legislativo en el Congreso.

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