La jueza Loretta Preska desestimó el intento del Estado argentino de frenar la ejecución del fallo que lo obliga a entregar el 51% de las acciones de la petrolera YPF a los fondos demandantes. Aunque la causa aún podría llegar a la Corte Suprema de EE.UU., crece la presión por una negociación directa y se mantiene la incertidumbre sobre las consecuencias económicas y políticas del caso.
La magistrada neoyorquina Loretta Preska desestimó una solicitud presentada por el Estado argentino para frenar la ejecución de la sentencia en su contra y confirmó la transferencia del 51% de las acciones de YPF a los beneficiarios del juicio por la expropiación de la petrolera llevada a cabo en 2012.
Aunque el expediente aún continúa en desarrollo, con recursos en curso que podrían extenderse incluso por un par de años, la causa podría llegar eventualmente a la Corte Suprema de los Estados Unidos. Mientras tanto, los demandantes buscan abrir una vía de diálogo directo con representantes del gobierno nacional encabezado por Javier Milei. Se prevé una reunión clave este martes 15 de julio en Nueva York, que podría modificar el escenario actual.
El equipo jurídico contratado por Argentina presentó una apelación ante la Cámara del Segundo Circuito, con la intención de revertir el fallo de primera instancia. En esa línea, dejaron abierta la opción de llevar el caso hasta la máxima instancia judicial estadounidense en caso de una nueva resolución adversa.
Paralelamente, Preska también rechazó otro pedido del país sudamericano, que buscaba suspender la aplicación inmediata del fallo. Este exige el pago de más de 16 mil millones de dólares en concepto de compensación por la expropiación de acciones.
La defensa del Estado argumentó que el fallo contradice principios del derecho estadounidense y normas internacionales, entre ellas la Ley de Inmunidades Soberanas Extranjeras. Además, invocaron la posición institucional del Departamento de Justicia norteamericano, que en administraciones anteriores expresó reservas respecto de este tipo de litigios contra Estados soberanos.
YPF, fuera del proceso
La empresa petrolera nacionalizada no forma parte activa del proceso judicial, ni ha sido incluida en la negociación o en las audiencias que se desarrollan en Nueva York. Desde la compañía aclararon que no tienen representación legal en la causa y que el foco del juicio está puesto en las decisiones adoptadas por el Estado argentino en aquel entonces.
El presidente actual de la compañía, Horacio Marín, evitó pronunciarse sobre el caso, y recordó que el fallo judicial no involucra directamente a YPF como parte demandada. Según indicó, el litigio apunta a las responsabilidades del gobierno nacional durante el proceso de estatización.
Argumentos centrales de la apelación
En la presentación judicial más reciente, los abogados de la Argentina remarcaron el carácter inédito del caso y señalaron que existen controversias legales relevantes que no han sido resueltas por la jurisprudencia. Sostienen también que la ejecución de la sentencia podría configurar un uso indebido de jurisdicción extraterritorial.
Uno de los puntos más sensibles es la posibilidad de que una ejecución forzada implique violar legislación nacional argentina, ya que, según remarcan desde el oficialismo, cualquier modificación en la titularidad de YPF requeriría la aprobación del Congreso con una mayoría calificada. Además, advierten sobre el posible impacto negativo para otros actores económicos, como las provincias productoras y los tenedores de bonos.
El gobierno argentino también insiste en que no existe urgencia ni daño real para los demandantes en caso de que se suspenda la ejecución del fallo mientras se tramitan los recursos.
