Avanza el jury contra los funcionarios judiciales Javier Di Santo, Luis Pizarro y Daniel Miralles por su desempeño en la investigación del crimen de Nora Dalmasso. Están acusados de “negligencia grave y mal desempeño”.
El fiscal general de Córdoba, Juan Manuel Delgado, confirmó que elevará formalmente la acusación contra los tres fiscales que intervinieron en la investigación del femicidio ocurrido el 26 de noviembre de 2006 en la vivienda de la víctima, en Río Cuarto, un caso que 19 años después continúa impune.
En diálogo con Cadena 3, Delgado precisó que la acusación se formulará “en los términos del artículo 154 de la Constitución Provincial y del artículo 2 de la ley de enjuiciamiento de funcionarios”, por “negligencia grave y mal desempeño”.
Los fiscales Di Santo, Pizarro y Miralles enfrentarán un juicio político en un proceso que comenzaría a principios de abril. Según indicó el fiscal general, la presentación incluirá fundamentos jurídicos y prueba documental.
“La acusación va acompañada de constancias de la causa, testigos y documentación vinculada a los hechos. Como todo proceso contradictorio, no alcanza con alegar hechos y conductas: hay que ofrecer las probanzas suficientes”, explicó.
Delgado también aclaró que el desempeño de cada uno de los funcionarios será evaluado de manera individual y remarcó que actúa “como órgano acusador dentro de la Comisión de Enjuiciamiento de Magistrados y Funcionarios”.
Asimismo, señaló que su mandato culmina el 31 de marzo, por lo que instruirá a su par Bettina Croppi para continuar con el proceso.
Un expediente sin resolución
El caso Dalmasso tuvo un fuerte impacto social y mediático. Durante la instrucción, fue imputado el viudo de la víctima, Marcelo Macarrón, acusado de haber contratado a un sicario para cometer el crimen. Sin embargo, fue absuelto en un juicio por jurados populares y la causa volvió a foja cero.
En distintas etapas de la investigación también fueron señalados el pintor Gastón Zárate y el hijo de la víctima, Facundo Macarrón, aunque ninguna de esas hipótesis prosperó.
Uno de los puntos más controvertidos que será analizado en el jury es la exclusión o falta de impulso en torno a pruebas de ADN halladas en el cuerpo de la víctima, compatibles con el parquetista Roberto Bárzola, quien fue señalado como presunto autor del crimen. No obstante, el Tribunal Superior de Justicia ratificó su absolución por prescripción.
El expediente quedó prescripto al cumplirse los 15 años del hecho sin una condena firme.
Ahora, casi dos décadas después del femicidio, el foco judicial se traslada al accionar de los fiscales que condujeron la investigación. El juicio político podría culminar con la destitución de los funcionarios, en un proceso inédito en Córdoba por la cantidad de magistrados involucrados.
