El fiscal federal atribuyó la situación a un sumario administrativo iniciado por el procurador Eduardo Casal. Ratificó el avance de la investigación.
El fiscal federal Eduardo Taiano explicó las demoras en el avance de la causa conocida como “Libra” y aseguró que se debieron a un sumario administrativo dispuesto por el procurador general Eduardo Casal. Además, reafirmó su compromiso con el desarrollo de la investigación y el resguardo de la información.
El titular de la Fiscalía Nacional en lo Criminal y Correccional Federal N°8 señaló que las actuaciones se vieron condicionadas por ese proceso administrativo, que incluyó también una investigación penal por presuntas irregularidades.
Según detalló Eduardo Taiano, tras el secuestro de dispositivos electrónicos se ordenó su análisis a la Dirección General de Investigaciones y Apoyo Tecnológico a la Investigación Penal (DATIP).
En ese marco, el 17 de noviembre de 2025 se emitió un informe preliminar que indicaba que el trabajo estaba “en curso” y que no contenía conclusiones definitivas. El informe final, en tanto, fue elevado el 13 de enero de 2026 y quedó incorporado al sistema judicial el 24 de febrero.
De acuerdo a lo informado, este documento estuvo disponible para las partes antes de la difusión pública de información vinculada a la causa, ocurrida el 6 de marzo.
Citación y filtración de información
El fiscal también se refirió a la citación testimonial de la periodista Natalia Volosin, aclarando que respondió a un pedido de una de las partes querellantes ante la filtración de documentación privada.
Sin embargo, la medida fue dejada sin efecto luego de que Eduardo Casal iniciara un sumario administrativo (Res PER 171/2026) y promoviera una investigación penal por esa irregularidad.
La denuncia quedó radicada en el Juzgado Criminal y Correccional Federal N°10, donde se investiga el origen de la filtración.
Compromiso con la investigación
Desde la fiscalía indicaron que las aclaraciones buscan aportar “claridad sobre lo acontecido”, y remarcaron el compromiso con el avance de la causa, el respeto de las garantías procesales y la protección de la información sensible.
El caso continúa en etapa de investigación y bajo seguimiento judicial, en un contexto de atención pública por las posibles derivaciones del expediente.
