Tras más de siete meses detenida, la Cámara de Acusación de Córdoba ordenó la liberación de la asesora legal del empresario Alicio Dagatti, Virginia Collosa y del empleado del frigorífico Livorno, Federico Giardina. Ambos seguirán imputados por asociación ilícita.
La Cámara de Acusación de Córdoba dispuso la liberación de la abogada Virginia Collosa, asesora letrada del frigorífico Livorno y de otras empresas vinculadas al empresario Alicio Dagatti, tras siete meses y 24 días de prisión. También recuperó la libertad Federico Giardina, empleado del mismo frigorífico.
Ambos se encuentran imputados por presunta participación en una asociación ilícita, en el marco de la causa conocida como “narcocamión”, que investiga el intento de ingreso de drogas, celulares y bebidas alcohólicas ocultos entre cargas de carne destinadas a cárceles de Córdoba.
La decisión judicial se tomó tras un recurso presentado por la defensa de Collosa y Giardina. Por mayoría, el tribunal integrado por Patricia Farías, Mario Capdevilla y María Susana Beatriz Blanc Gerzicich consideró que no existen riesgos procesales que justifiquen su permanencia en prisión preventiva, ya que no se detectó peligro de fuga ni posibilidad de entorpecer la investigación.
La liberación fue dispuesta bajo una caución de 30 mil dólares. Tanto la abogada como el empleado continuarán vinculados a la causa, al igual que otros imputados, entre ellos Dagatti, su hijo Ignacio Dagatti y el gerente Luis Mina, quienes ya habían sido excarcelados con anterioridad.
El caso se originó en diciembre de 2023, cuando un camión que transportaba carne para el penal de Bouwer fue interceptado y se descubrió que intentaba ingresar estupefacientes y otros elementos prohibidos. En esa investigación ya fue condenado el chofer del vehículo, mientras que la Justicia sigue analizando la posible responsabilidad de los empresarios y empleados del frigorífico.
Además, el fiscal Carlos Gavier había determinado que parte de los cortes de carne enviados a los establecimientos penitenciarios se encontraban en mal estado, lo que amplió el alcance de la investigación.
Con esta resolución, la Cámara de Acusación de Córdoba confirmó un nuevo giro en una de las causas más relevantes del último año en la provincia, que involucra a empresarios, empleados y funcionarios penitenciarios en presuntas maniobras ilegales vinculadas al sistema carcelario.
