Las mujeres que financiaron parte de la compra declararon ante la Justicia y detallaron las condiciones del acuerdo. La investigación busca determinar el origen de los fondos.
La causa que involucra al jefe de Gabinete, Manuel Adorni, sumó nuevas declaraciones en los tribunales de Comodoro Py, donde las testigos que participaron en la operación inmobiliaria aseguraron que el funcionario aún mantiene una deuda pendiente de 70.000 dólares.
Se trata de Graciela Molina de Cancio y Victoria Cancio, quienes comparecieron ante el fiscal federal Gerardo Pollicita en el marco de la investigación por presunto enriquecimiento ilícito. Ambas figuran como acreedoras en la adquisición de un departamento ubicado en el barrio de Caballito.
Según sus testimonios, las mujeres otorgaron una financiación directa por un total de 100.000 dólares, mediante un esquema de hipoteca no bancaria. En ese contexto, indicaron que parte de ese monto aún no fue cancelado por el funcionario.
La operación inmobiliaria se encuentra bajo análisis judicial no solo por las condiciones del financiamiento, sino también por el valor declarado del inmueble, que ronda los 230.000 dólares y podría estar por debajo de los precios de mercado para propiedades similares en la zona.
En paralelo, la escribana interviniente, Adriana Nechevenko, sostuvo que no existieron préstamos en efectivo y que el acuerdo se realizó dentro de parámetros habituales. Según explicó, se trató de una venta financiada en cuotas por parte de los vendedores, descartando irregularidades en la operatoria.
La investigación también contempla el contexto de las operaciones, ya que el mismo día en que se concretó la compra del departamento, la esposa del funcionario, Bettina Angeletti, adquirió otra propiedad en un country del partido bonaerense de Exaltación de la Cruz.
Como parte de las medidas de prueba, la Justicia ya había tomado declaración al exfutbolista Hugo Morales, anterior propietario del inmueble. Su testimonio se sumó al expediente para reconstruir la cadena de titularidad y las condiciones de las transacciones.
El avance de la causa se centra ahora en determinar si el esquema de financiamiento fue legítimo o si pudo haber sido utilizado para encubrir el origen de los fondos involucrados en la operación.
