Dos mujeres comparecen ante la Justicia federal en el marco de la investigación por presunto enriquecimiento ilícito del jefe de Gabinete. Analizan el origen de los fondos y las condiciones de la operación.
La causa que investiga al jefe de Gabinete, Manuel Adorni, sumó este lunes un nuevo capítulo con la declaración de dos testigos consideradas clave para esclarecer el financiamiento de una propiedad en la Ciudad de Buenos Aires. Las comparecencias se realizan en los tribunales de Comodoro Py, bajo la órbita del fiscal federal Gerardo Pollicita.
Se trata de Graciela Molina de Cancio y Victoria Cancio, quienes figuran como acreedoras del funcionario en la operación de compra de un departamento ubicado en el barrio de Caballito. Según consta en la investigación, ambas habrían participado en un esquema de financiación directa por un total de 100.000 dólares, dividido en dos montos.
El expediente judicial busca determinar si ese mecanismo responde a una operatoria legítima o si podría tratarse de una maniobra destinada a ocultar el origen de los fondos utilizados en la adquisición del inmueble. En ese sentido, la atención está puesta en las características del acuerdo y en el valor declarado de la propiedad.
De acuerdo a la documentación incorporada a la causa, el departamento habría sido adquirido por un monto cercano a los 230.000 dólares, cifra que se encuentra bajo análisis por parte de la fiscalía ante la posibilidad de que esté por debajo de los valores de mercado para ese tipo de propiedades en la zona.
La escribana interviniente en la operación, Adriana Nechevenko, ya brindó su testimonio y sostuvo que no existieron préstamos en efectivo. Según su versión, el acuerdo se encuadró en una modalidad de venta financiada en cuotas por parte de los vendedores, descartando irregularidades en la transacción.
En paralelo, la investigación también incorporó la declaración del exfutbolista Hugo Morales, quien había sido el propietario original del inmueble antes de transferirlo a las mujeres que posteriormente concretaron la operación con el funcionario.
El avance de las declaraciones testimoniales será clave para definir el rumbo de la causa, que busca establecer si existieron inconsistencias patrimoniales en la operatoria vinculada al entorno del jefe de Gabinete.
