A partir del 1° de junio, entrarán en vigencia una serie de cambios destinados a incorporar a la economía formal más de 200 mil millones de dólares no declarados. La iniciativa apunta a reducir el control estatal sobre las transacciones y favorecer la libre utilización del dinero.
En una apuesta por remonetizar la economía y facilitar la circulación de divisas que hoy se encuentran fuera del circuito legal, el Gobierno anunció un nuevo régimen que apunta a alentar el uso de dólares no declarados. Lejos de tratarse de un blanqueo tradicional, la medida se presenta como un cambio de paradigma: menos control, más libertad para los ahorristas.
El paquete, bautizado como «Plan de Reparación Histórica de los Ahorros de los Argentinos», busca aprovechar los dólares acumulados informalmente en el país, en muchos casos comprados en el mercado paralelo, y alinearse con la visión de una economía más dolarizada. La propuesta fue presentada por el vocero presidencial, quien remarcó que no habrá sanciones ni persecuciones para quienes decidan utilizar esos fondos. “Tus dólares, tu decisión”, resumió.
Durante el anuncio se hizo un fuerte cuestionamiento al modelo de control estatal que rigió durante la última década, acusándolo de empujar a la mitad de la economía hacia la informalidad. El Gobierno argumentó que el exceso de información exigida a bancos, inmobiliarias y comercios resultó ineficiente e invasivo, y que ahora se da un giro hacia un esquema más laxo, donde la Unidad de Información Financiera (UIF) podrá concentrarse en casos relevantes, en lugar de verse saturada con reportes de bajo impacto.
El ministro de Economía también respaldó la medida, señalando que el objetivo central es “devolverle la libertad a los ciudadanos” y dejar de tratar a los ahorristas como sospechosos por defecto. En su visión, la clave no pasa por devaluar el peso, sino por reducir impuestos, liberar el crédito e impulsar la inversión privada.
Principales cambios del nuevo régimen
- Se eliminan múltiples regímenes de información obligatoria, como los vinculados a operaciones inmobiliarias, compraventa de autos usados, consumos elevados de servicios y movimientos bancarios menores.
- Los bancos ya no deberán reportar transferencias ni acreditaciones inferiores a $50 millones (personas físicas) o $30 millones (personas jurídicas).
- Las extracciones en efectivo solo se informarán si superan los $10 millones.
- También se elevan los umbrales para reportar saldos bancarios y operaciones en billeteras virtuales.
Con estas medidas, el Gobierno busca formalizar parte del enorme volumen de dólares que se encuentra por fuera del sistema, reduciendo a la vez la carga administrativa sobre los contribuyentes y reforzando su apuesta por una economía más desregulada.
