El ministro de Economía enfrenta el desafío de alcanzar un superávit primario del 1,6% del PBI antes de fin de año. Un informe del IARAF advierte que deberá ajustar un 16% el gasto no indexado, afectando subsidios, salarios e inversión pública.
El Gobierno nacional deberá aplicar una nueva ronda de ajustes en el gasto público para poder cumplir con la meta fiscal comprometida con el Fondo Monetario Internacional (FMI). Según un informe del Instituto Argentino de Análisis Fiscal (IARAF), el ministro de Economía, Luis Caputo, necesita reducir un 16% del gasto no indexado durante el último trimestre del año para alcanzar el superávit primario del 1,6% del PBI previsto.
El desafío se explica por el crecimiento de las erogaciones que se actualizan automáticamente por inflación, como jubilaciones y planes sociales, que aumentaron un 18,4% real interanual en los primeros nueve meses de 2025. En contraste, el gasto que no se ajusta por índice —salarios, subsidios a la energía y el transporte, inversión pública y transferencias discrecionales a provincias— se redujo un 10,3% real, pero ahora deberá acelerarse ese recorte para sostener el equilibrio fiscal.
De acuerdo con el estudio, los ingresos totales del Estado mostraron una caída real del 1,4% en el mismo período, lo que deja un margen más estrecho para cumplir con las metas. Hasta septiembre, el Gobierno acumuló un superávit primario equivalente al 1,3% del PBI, y deberá sumar 0,3 puntos adicionales en los últimos tres meses del año.
El IARAF advierte que, para lograrlo, Caputo deberá “profundizar la poda en los gastos ajustables”, lo que implicaría una mayor contracción en subsidios, salarios públicos e inversión real directa. Si las proyecciones se cumplen, el gasto total del año apenas crecería 0,4%, con un aumento del 14% en el gasto indexado y una caída del 11% en el resto de las partidas.
En ese escenario, el Gobierno enfrenta la disyuntiva de sostener el equilibrio fiscal prometido al FMI sin frenar la recuperación económica, en un contexto de inflación alta y presión social por el deterioro del poder adquisitivo.
