Con apenas 13 normas sancionadas en todo el año, el Congreso atravesó un período signado por la confrontación política, la parálisis administrativa y un inédito avance opositor sobre la agenda parlamentaria.
El Congreso de la Nación clausuró un 2025 de muy baja productividad legislativa, marcado por la polarización política y la debilidad numérica del oficialismo. A lo largo del año se sancionaron solo 13 leyes, once durante el período ordinario y dos en sesiones extraordinarias, lo que convierte al ciclo parlamentario que finaliza en el de menor producción normativa de los últimos diez años.
El dato más elocuente del balance es que ninguna de las leyes aprobadas en el período ordinario —entre el 1 de marzo y el 30 de noviembre— fue impulsada originalmente por el Poder Ejecutivo. De las once normas sancionadas en ese tramo, ocho correspondieron a iniciativas de la oposición, como el Financiamiento Universitario, los aumentos a jubilaciones y la Ley Nicolás, mientras que las tres restantes fueron acuerdos internacionales pendientes de la gestión anterior, según consignó la Agencia Noticias Argentinas.
Recién en las sesiones extraordinarias, convocadas sobre el cierre del año, el oficialismo logró avanzar con proyectos propios. Allí se aprobaron el Presupuesto 2026 y la denominada Ley de Inocencia Fiscal, las únicas dos normas del año con sello directo del Gobierno nacional.
El vínculo entre el Congreso y la Casa Rosada estuvo atravesado por una fuerte tensión institucional. El presidente Javier Milei hizo uso del veto presidencial en siete oportunidades, aunque el Parlamento logró insistir y revertir tres de esas decisiones, sosteniendo las leyes pese al rechazo del Ejecutivo. A esto se sumó un hecho poco frecuente: el Congreso rechazó cuatro decretos de facultades delegadas y un DNU, marcando límites concretos al margen de acción presidencial.
Otro rasgo distintivo del año fue el uso intensivo de los emplazamientos a comisión, una herramienta técnica que la oposición utilizó para forzar el tratamiento de proyectos. Mientras que en años anteriores el promedio anual no superaba los tres, en 2025 se contabilizaron 20 emplazamientos, obligando al oficialismo a debatir iniciativas que buscaba postergar.
Un informe de Directorio Legislativo reflejó además las dificultades para construir consensos estables: de las 22 sesiones realizadas, la mitad fueron especiales, lo que evidencia la ausencia de una agenda parlamentaria común y sostenida.
Pese a este escenario adverso, el oficialismo apuesta a un cambio de dinámica en 2026. La nueva composición del Congreso surgida tras las elecciones de octubre —que ya permitió la aprobación del Presupuesto 2026— es vista por el Gobierno como una oportunidad para pasar de una estrategia defensiva a una ofensiva legislativa y recuperar la iniciativa política el próximo año.
