Más de 70 organizaciones sociales y de la economía popular llevaron adelante este miércoles una jornada de lucha a nivel nacional con cortes y acciones en distintos puntos del país, en rechazo al cierre del programa Volver al Trabajo (VAT). La medida implicaría la pérdida de un ingreso mensual de $78.000 para unas 950.000 personas en situación de precariedad laboral.
En ese marco, la concejal de Río Cuarto Marisa Cariddi, integrante del bloque La Fuerza del Imperio del Sur y referente de Libres del Sur, dialogó con CBAHOY y advirtió sobre las consecuencias que tendría la baja del programa en los sectores más vulnerables.
“Es un plan que acompañaba tareas comunitarias y de cooperativas de la economía popular desde hace bastante tiempo. A partir del gobierno de Javier Milei se congeló en $78.000 y luego se dividió en dos programas: Volver al Trabajo, para menores de 50 años, y Acompañamiento Social, para mayores”, explicó.
Cariddi señaló que el programa alcanzaba a cerca de 950 mil beneficiarios en todo el país y cuestionó la decisión de discontinuarlo en un contexto de crisis económica. “Ese monto no mueve el amperímetro del gasto público nacional, pero para muchas familias significa poder comprar un medicamento, alimentos o útiles escolares”, sostuvo.
En el caso de Río Cuarto, indicó que actualmente hay alrededor de 500 beneficiarios, aunque el número fue disminuyendo progresivamente. Además, denunció que el cierre de la agencia territorial el año pasado afectó la implementación del programa: “No hay forma de que las empresas se inscriban ni de realizar capacitaciones presenciales. En la práctica, el plan se está dando de baja de manera progresiva”.
La concejal también hizo referencia al impacto social en los barrios: “Muchos compañeros siguen sosteniendo comedores, tareas de reciclado o trabajos en cooperativas. Este ingreso es un complemento porque no llegan al salario mínimo. Hay familias que incluso han dejado tratamientos médicos por no poder afrontar los costos”.
Frente a esta situación, distintas organizaciones —entre ellas Libres del Sur, CTA y ATE— presentaron un recurso de amparo ante la Justicia Federal para exigir la continuidad del programa. “Estamos tratando de abordar el reclamo por todos los caminos posibles”, afirmó.
A nivel local, Cariddi adelantó que presentará este jueves en el Concejo Deliberante un proyecto de resolución para manifestar el rechazo a la medida y exhortar al Gobierno nacional a sostener la política pública. La iniciativa cuenta con el acompañamiento de ediles de distintos bloques.
Por otro lado, la dirigente cuestionó el rumbo de las políticas nacionales y su impacto en los sectores populares: “No se generó trabajo genuino ni se implementaron las capacitaciones que se prometían. Por el contrario, se profundiza el deterioro de las condiciones de vida”.
Finalmente, criticó los posicionamientos políticos de algunos sectores locales del radicalismo en relación al gobierno nacional: “Plantean que se acercan para buscar soluciones, pero no vemos respuestas para los problemas reales: discapacidad, educación, jubilados. Estamos ante políticas de exclusión que afectan a los sectores más sensibles de la sociedad”.
La discusión por la continuidad del programa Volver al Trabajo se da en un contexto de creciente conflictividad social y pone en el centro del debate el rol del Estado en la contención de los sectores más golpeados por la crisis.
