Por orden del fiscal Emilio De Aragón, este martes se llevó a cabo un allanamiento en el domicilio del secretario general de ATE Córdoba, Federico Giuliani y en la sede gremial de la central obrera en Río Cuarto. Desde el gremio denunciaron acoso judicial.
En diálogo con NADA FAKE, la secretaria general de la seccional de ATE Río Cuarto, Rafaela Alcoba, contó que este mediodía las fuerzas policiales realizaron dos allanamientos en la ciudad, uno en la casa particular del sindicalista Federico Giuliani y otro en la propia sede de ATE.
Alcoba dijo que durante el operativo policial a Giuliani le secuestraron su teléfono particular, mientras que en el operativo realizado la sede del gremio no se llevaron nada. La referente de ATE Río Cuarto denunció que el testigo utilizado para ambos allanamientos fue un policía de la Provincia de Córdoba, por lo cual consideró que no se cumplió con el procedimineto.
Rafaela Alcoba comentó que este allanamiento se realizó en base a una causa abierta por el fiscal, aparentemente fundamentada en la represión policial sucedida el pasado 25 de mayo en la esquina de avenida Vélez Sarsfield y 27 de abril, cuando efectivos que custodiaban el acto del presidente Javier Milei. En dicha oportunidad, los efectivos de seguridad reprimieron a los manifestantes de ATE con gases lacrimógenos y disparando balas de goma.
Recordamos que, en el marco de esa protesta, Federico Giuliani y otros 14 manifestantes resultaron heridos de diversa magnitud, sin que mediara causa alguna que justifique el accionar represivo.
Rafaela Alcoba consideró que este accionar de las fuerzas policiales responden a otros tiempos de nuestra historia, en donde “no se respetaba el derecho y la libertad de las personas”.
“Se trata claramente de una persecución política que usa al Poder Judicial como herramienta para justificar el amedrentamiento que el ministro de Seguridad, Juan Pablo Quinteros, pretende imponer contra nuestra organización sindical”, señalaron desde ATE.
“Así, queda claro el desprecio del Gobierno de Córdoba por el estado de derecho y de las garantías constitucionales, donde el derecho a la protesta forma parte fundamental de nuestro contrato social, de la propia Constitución, de la jurisprudencia de la Corte Suprema de Justicia de la Nación y de los tratados internacionales que nuestro país tiene suscriptos”, agregaron desde la central obrera.
Recordamos que el fiscal De Aragón ya imputó el año pasado a Federico Giuliani y a otros dirigentes sociales por el corte de una calle durante la Marcha contra el Hambre. Dicha causa está elevada a juicio.
“Desde ATE exigimos que De Aragón se deponga esta persecución de manera inmediata, devuelva los teléfonos a la familia Giuliani, junto al resto de sus pertenencias particulares y respete la Constitución Nacional”, concluyeron desde ATE Córdoba.
