Por orden del fiscal Anticorrupción Franco Mondino, se secuestró documentación vinculada a acuerdos laborales sospechados de irregularidades. El operativo está ligado al caso que involucra a Guillermo Kraisman y a la presunta maniobra para cobrar el sueldo de una contratada que nunca trabajó.
La Legislatura de Córdoba fue allanada este viernes en el marco de la causa que investiga presuntas irregularidades en la contratación de personal y que tomó mayor impulso tras el escándalo de la denominada “empleada fantasma”. La medida fue dispuesta por el fiscal Anticorrupción Franco Mondino y ejecutada en distintas dependencias del edificio legislativo.
Según informó Perfil Córdoba, el procedimiento tuvo como objetivo secuestrar documentación relacionada con contratos, normativas internas y reglamentos que rigen los acuerdos laborales dentro de la Legislatura. El operativo contó con la autorización del juez de Control Gustavo Hidalgo y se desarrolló durante la mañana del viernes con la intervención de la Policía de Córdoba y personal de la Dirección de Investigación Operativa del Ministerio Público Fiscal.
La investigación que motivó el allanamiento es un desprendimiento del expediente en el que está imputado Guillermo Kraisman, acusado de defraudación a la administración pública. El caso salió a la luz a partir de la maniobra en la que Kraisman y Luciana Castro intentaron cobrar el primer sueldo de Virginia Martínez, una contratada de la Legislatura, utilizando su DNI. La operación fue advertida por el cajero del banco, quien frustró el cobro y permitió la detención de ambos el pasado 16 de enero.
El episodio desnudó una presunta operatoria de contratación ficticia que generó fuertes repercusiones políticas y motivó nuevas líneas de investigación dentro del ámbito legislativo. La Justicia ahora intenta determinar si el caso de Martínez fue un hecho aislado o parte de un entramado más amplio que implique irregularidades sistemáticas en los acuerdos laborales de la institución.
